La semana pasada el macrismo presentó el proyecto de ley para aceptar el traspaso de la red. Sin embargo este acto, que debería haber sido de una profunda trascendencia institucional vista la compleja situación que atraviesa la red, ni siquiera fue acompañado por la tradicional parafernalia propia del ámbito empresario a la que el PRO es tan afecto. Tan sólo algunos puntos del borrador fueron presentados a unos pocos medios amigos mientras la mayor parte del bloque oficialista continúa sin conocerlo y en medio de fuertes disputas internas por la forma en la que se efectuó su redacción. Es decir, Macri dio la “exclusiva” a Clarín, La Nación y Perfil cuando el proyecto ni siquiera ingresó a la Legislatura.
Hasta ahora se sabe que la Ciudad intentará aprobar un paquete de impuestos para solventar la parte de subsidios que Nación dejará de abonar a partir del 3 de enero de 2013, que consistirá en un aumento de 40 centavos a las naftas, 20 al gasoil y 15 al GNC. Esto se completa con un aumento de 10% en los peajes de las autopistas Illia y 25 de Mayo y para las patentes de los autos valuados en más de 150.000 pesos.
En cuanto a la relación con los gremios el proyecto de ley propone declarar “servicio público esencial” al subterráneo. Esto significa que en caso de huelga los sindicalistas deberán garantizar el 90% de los viajes establecidos por diagrama para hora pico y el 60% para hora valle. De acuerdo a Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), esta cláusula violaría en caso de aprobarse disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que dictaminan que los subtes no son un “servicio público esencial”. Vale recordar que no es la primera vez que se busca encuadrar al Subte dentro de dicha categoría: en noviembre de 2009, ante un paro que se prolongó varios días, el Gobierno nacional a través de la secretaria de Transporte dictó la resolución 1024/09 que iba en ese sentido. El macrismo también buscará auditar qué sectores de la red son insalubres a la vez que congelará la incorporación de nuevos empleados.
Emergencia y sociedad anónima
El proyecto de traspaso incorpora dos puntos de vital importancia para el futuro de la red puesto que, de aprobarse, modificarán sustancialmente la forma en la que se administrará la red no sólo en lo cotidiano sino sobre todo en las necesarias inversiones para mejorar el servicio. La propuesta incluye la declaración de “emergencia” por cinco años y la posibilidad de que el contrato con Metrovías sea rescindido tras una auditoría contable que el Gobierno porteño realizará en los primeros 90 días transcurridos desde la toma de posesión del servicio. Finalizado dicho plazo, el Gobierno podría renegociar el contrato o bien expulsar a la concesionaria y operar el servicio por su cuenta a través de SBASE o bien de una sociedad anónima cuya posible integración aún no se conoce, aunque según trascendió, su conformación podría ser con el Estado como accionista mayoritario, tal como ocurre en AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima).
Desde Metrovías señalaron que negociarán con la Ciudad pero que de ninguna manera se justifica la declaración de emergencia. En un comunicado la empresa expresó que “los once meses transcurridos desde la suspensión del traspaso demandaron realizar grandes esfuerzos para seguir transportando a casi un millón de pasajeros por día en el marco de una situación económica que generó una deuda que asciende a más de 150 millones de pesos en concepto de subsidio, sumado a los más de 70 millones de pesos adicionales que la empresa aportó a los fines de cumplir con los acuerdos paritarios.” En cuanto al estado de la red, Metrovías sostuvo que si bien la mencionada demora en el traspaso provocó un deterioro en las condiciones operativas del Subte “la Auditoría del Metro de Barcelona no señala ningún aspecto crítico, excepto en cuestiones estructurales como la necesidad de hacer el recambio de flota de la Línea A”.
La declaración de emergencia implica que, por un lado, el jefe de Gobierno podrá negociar contratos como parte de las facultades delegadas, disponiendo así sobre la operación del servicio sin pasar por la Legislatura. Por otro lado se podrá disponer la compra de material rodante y la contratación de obras sin los controles que deberían ser habituales en las compras que gestiona el Estado. La creación de una sociedad anónima o el cambio del tipo societario de Subterráneos de Buenos Aires, opción que requeriría el voto por mayoría simple de la Legislatura, también entraría dentro de las facultades de “emergencia”.
En caso de mantenerse Metrovías u otro privado, permitiría un esquema operativo muy similar al que emplea el gobierno nacional en los ferrocarriles cuyas concesiones originarias revirtieron al Estado. En dichas líneas la operación está a cargo de consorcios “de emergencia” formados por Ferrovías y Metrovías, las únicas privadas que lograron mantenerse en pie. De esta manera, mientras el Estado nacional abona los salarios directamente a través de la empresa residual Ferrocarril General Belgrano SA (no confundir con Belgrano Cargas), la contratación de las obras de mejora de la infraestructura y de reparación de material rodante es efectuada directamente por las empresas gerenciadoras a sus propios talleres sin necesidad de pasar por los controles que serían necesarios si los trabajos fuesen licitados por el propio Estado. Otra “ventaja” que supondría un esquema como este es que, si ocurriera un accidente de proporciones, la Ciudad tendría un chivo expiatorio a quien expulsar de la operación y no asumir directamente la responsabilidad por lo ocurrido.
