El gobierno de Mendoza, que conduce Alfredo Cornejo (UCR/Cambiemos), analiza alternativas para reformular y hacer “más eficientes” las empresas administradas por el Estado provincial, entre las que se cuenta la EPTM (Empresa Provincial de Transporte de Mendoza), que administra los colectivos, trolebuses y el Metrotranvía.
Aunque el gobernador buscó bajarle el tono a la polémica por una eventual privatización -funcionarios dijeron al diario Los Andes que “no hay ningún plan de vender activos del Estado”-, los gremios y la oposición se encuentran en estado de alerta ante la propuesta velada de que la EPTM se transforme en una SAPEM (Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria), lo que implicaría en los hechos una apertura al capital privado.
Esta privatización parcial o encubierta está en línea con las iniciativas que promueve, desde la Nación, el ministro Guillermo Dietrich, quien alienta programas de asociación público-privada para financiar parte de las obras del llamado Plan Nacional Ferroviario (que sólo contempla obras en el Área Metropolitana de Buenos Aires) y que fuera presentado en el “Mini Davos” realizado la semana pasada en el CCK.
El gobierno mendocino hizo saber, apenas asumido, su disconformidad con una planta de personal a la que considera sobredimensionada (400 personas) y en la que tienen presencia tres gremios: UTA (Unión Tranviarios Automotor), ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación). Los máximos dirigentes de estos últimos dos gremios a nivel provincial cumplen tareas en la EPTM. En paralelo, medios afines al macrismo se habían embarcado en una campaña de desprestigio contra el Metrotranvía.
La situación financiera de la provincia en general y de la empresa en particular son realmente delicadas. Una muestra de esto se dio en abril pasado, cuando la EPTM decidió rematar un total de 106 trolebuses y 50 colectivos que tenía fuera de servicio con el objetivo de reunir fondos para adquirir repuestos para la flota operativa. En este sentido, el gobierno provincial cree que el ingreso de capital privado permitiría realizar el shock de inversiones que los servicios de la EPTM necesitan. El Estado nacional, en tanto, en lugar de asistir a estas necesidades, prefiere volcar fondos en proyectos de Metrobús.
