Mediante la resolución 381/24, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía delegó la ejecución de las obras públicas y compras vinculadas al sistema ferroviario en la Secretaría de Transporte de la Nación.
Sin embargo, esto no vino acompañado de la asignación de mayor presupuesto. La decisión carece de efectos prácticos en tanto que no se liberen fondos que permitan ejecutar las tareas asignadas.
Vale notar que la actual gestión degradó el Ministerio de Transporte –que existía desde 2012– a secretaría, dentro del efímero Ministerio de Infraestructura. Tras su disolución, tanto la citada secretaría como las empresas ferroviarias pasaron a la órbita del Ministerio de Economía, que comanda Luis Caputo, quien montó una virtual intervención y aplicó un severo ajuste sobre el presupuesto.
Desde entonces, ninguna de las empresas ferroviarias licitó obras ni compras ni proyectos de importancia. Incluso, en el marco del congelamiento del gasto vinculado a obra pública, se interrumpieron numerosas obras que estaban en curso y se suspendieron licitaciones que estaban pendientes de adjudicación.
Del recorte no se salvaron siquiera las obras con financiamiento internacional, que se encuentran paralizadas o que han sido dadas de baja: tal como reveló este medio, hasta la repartición encargada de gestionarlas (la DGPPSE) se encuentra sin titular desde el cambio de gobierno.
Según pudo saber enelSubte, la norma dada a conocer este martes sería complementaria de aún no declarada “emergencia ferroviaria”, que fue anunciada hace casi un mes como respuesta política frente al accidente ocurrido en la línea San Martín.
Si bien los alcances concretos de la emergencia se desconocen por el momento, se sugiere que implicaría un mayor flujo de fondos hacia el ferrocarril y una agilización de las contrataciones. El pasado lunes, el secretario de Transporte Franco Mogetta aseguró que “a la brevedad” se estaría enviando el texto al presidente Javier Milei para su firma.
El ajuste aplicado sobre los ferrocarriles es tal que las propias autoridades de Trenes Argentinos nombradas por la actual gestión habían advertido sus riesgos, incluso antes de la colisión de Palermo.
Tal como reveló en exclusiva enelSubte, informes internos de la empresa alertaban sobre los riesgos operativos provocados por este recorte, advirtiendo que se comprometían los “estándares mínimos de seguridad”. Vale notar que, de acuerdo con los propios documentos de Trenes Argentinos, se trata de una reducción en términos reales del 75% sobre los fondos disponibles para cubrir los gastos operativos durante el primer trimestre de 2024.
El recorte compromete aspectos tan diversos como el mantenimiento regular del material rodante, la compra de repuestos para la reparación de material rodante, la adquisición de insumos básicos para el mantenimiento de vías, la contratación de servicios médicos de atención a los pasajeros y de servicios de seguridad en trenes y estaciones, y hasta el acceso al combustible y al pago de gastos de electricidad para los distintos servicios.
La delegación de las compras en la Secretaría de Transporte, por lo pronto, no hace pensar en una solución de fondo a ninguno de los problemas planteados: mientras el ajuste sin mayor criterio y la paralización de las obras y compras sean la norma, y no se asignen los fondos que el sistema precisa para operar en condiciones de normalidad, el servicio continuará deteriorándose. Antes bien, en lo inmediato, su único efecto podría ser una especie de cortafuegos legal para el ministro Caputo: cualquier incidente con el servicio sería responsabilidad del cordobés Mogetta.
