Mediante un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial el gobierno nacional aprobó el estatuto social de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, creada tras la sanción y promulgación de la ley 27.132. La nueva firma estatal, a la que se destinaron cinco millones de pesos en concepto de aporte incial, está destinada a reunir a las empresas ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias), la Operadora Ferroviaria del Estado (SOFSE) y la sociedad Belgrano Cargas y Logística.
El Ministerio del Interior y Transporte quedó facultado a realizar todas las gestiones necesarias para la constitución y puesta en funcionamiento de la nueva sociedad del Estado, que ejercerá el control sobre toda la infraestructura ferroviaria nacional, aún aquella que hasta ahora se hallaba en manos de concesionarios privados.
La misma normativa creó en el ámbito de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) el “Registro Nacional de Operadores de Carga y Pasajeros”, donde se inscribirán todas las personas físicas o jurídicas “que se encuentren en condiciones de prestar los servicios ferroviarios de pasajeros y de cargas en condiciones de eficiencia y seguridad”. Con dicha regulación queda habilitada formalmente la modalidad open access, uno de los criterios que se hallaba en el espíritu original de la norma.
Vale decir, podrán continuar operando las empresas privadas, aunque no lo harán como concesionarias integrales sino simplemente como operadoras, siempre y cuando cumplan los criterios oportunamente definidos por Ferrocarriles Argentinos, que será el órgano rector del sistema.
No obstante, el gobierno aún no definió cómo se encarará el proceso de renegociación de las concesiones para la eventual inscripción de las operadoras de carga privadas que quedan en pie (NCA, Ferrosur y Ferroexpreso Pampeano) y las concesionarias metropolitanas (Ferrovías y Metrovías) en el nuevo registro.
Estas concesiones deberán forzosamente, como mínimo, devolver al Estado la administración de la infraestructura de vía y sistemas de control de circulación de trenes, aunque sigue sin estar claro cuándo ni como. Las concesionarias, además, no cuentan salvo irrelevantes excepciones con material rodante propio con el que convertirse automáticamente en operadoras inscriptas, puesto que el que utilizan fue cedido por el Estado nacional o le debe ser transferido al término del contrato,
Tampoco se materializó la postergadísima transferencia de Ferrobaires a la Nación —firmada en 2007 y jamás concretada— ni se aclaró la situación de Tren Patagónico, su homóloga rionegrina. Persisten otras concesiones provinciales, como la del Tren a las Nubes en Salta.
Un caso particularmente paradójico ocurre con la operadora provincial bonaerense, cuya existencia ha perdido todo sentido en el nuevo marco normativo, situación que sin embargo no le ha impedido seguir sumando nuevos servicios propios —caso del tren a Pinamar— u operar trenes por cuenta y orden de Ferrocarriles Argentinos, como es el caso de los servicios a Mar del Plata y Bahía Blanca.
