El gobierno de la Provincia de Buenos Aires busca iniciar las gestiones para traspasar los servicios operados por Ferrobaires a Ferrocarriles Argentinos, en el marco de lo dispuesto por la ley 27.132. Así se desprende de una resolución firmada por el administrador de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, coronel (R) Fernando Dotti.
La suspensión de los servicios decidida el pasado jueves, aunque sorpresiva y hasta radical, no fue del todo inesperada: desde hace meses se rumoreaba que la Provincia buscaba entablar las negociaciones para efectivizar el demoradísimo traspaso de los trenes a la órbita nacional, algo que está pendiente desde hace casi diez años.
En ese marco, se comprenden no sólo la insólita demora con que la gobernadora María Eugenia Vidal removió a Antonio Maltana, el administrador heredado de la gestión de Scioli, sino también el nombramiento del ignoto coronel Dotti a cargo de la UEPFP, alguien que según los propios empleados de Ferrobaires “no entiende nada de trenes”.
Esas intenciones, sin embargo, chocaron con las políticas impulsadas desde el Estado nacional por el tándem Orfila – Dietrich. Juntos, el polémico presidente de la Operadora Ferroviaria (y de Ferrocarriles Argentinos) y el ministro de Transporte impulsaron el congelamiento del Plan Quinquenal elaborado por la gestión de Florencio Randazzo, desestimaron la creación de nuevos servicios de larga distancia y se abocaron a transferir servicios nacionales a las provincias, como el Tren del Valle y los servicios chaqueños en un burdo intento de hacer caso omiso a la ley 27.132: un movimiento justamente inverso al intento de Vidal.
El traspaso de los servicios a la Nación es apoyado también por los gremios ferroviarios. Un documento firmado por los secretarios generales de La Fraternidad, la Unión Ferroviaria, la Asociación de Señaleros Ferroviarios (ASFA) y la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA) emplazó al gobierno a cumplir con lo establecido por la ley 27.132, aprobada el año pasado con apoyos políticos transversales entre los que se cuentan los del actual oficialismo, y se declararon en “estado de alerta y sesión permanente”. En el mismo sentido se expresaron diversas seccionales gremiales de destinos de Ferrobaires, como Junín, Bahía Blanca y Tandil. En esta última ciudad, el reclamo estuvo acompañado por una movilización hasta la estación. La empresa provincial tiene 2700 empleados.
