En medio del debate en el Senado por la privatización ferroviaria y la declaración de la prometida emergencia del sector, varias empresas ferroviarias estatales sufrieron un desplazamiento de sus autoridades. Se trata del segundo cambio de autoridades en los apenas seis meses de gestión que lleva el actual Gobierno.
Esta semana fueron removidos de sus cargos el presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE) y de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), Patricio Gilligan, y también lo sería el titular de Trenes Argentinos Cargas (TAC/BCyL), Sergio Basich. Por el momento no se informó quiénes serían sus futuros reemplazantes.
El desplazado Gilligan, de perfil técnico, había sido nombrado apenas en abril pasado al frente de ambas empresas. En ese entonces también había sido nombrado Marcelo Krajzelman al frente de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), quien por ahora mantendría el cargo. Basich, en tanto, estaba al frente de la carguera estatal desde enero.
A estos se suma la renuncia de Mauricio Gómez Botto, quien estaba a cargo de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, que funciona en la órbita de la Jefatura de Gabinete.
La remoción de los citados funcionarios se vincula con la salida del ex Jefe de Gabinete Nicolás Posse, quien fue sustituido días atrás por el hasta entonces ministro del Interior, Guillermo Francos. Posse mantenía una disputa interna por los cargos en las empresas ferroviarias con Santiago Caputo, asesor presidencial con gran influencia en el Gobierno. Entre los allegados a este último se encuentra Luis Adrián Luque, presidente de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), quien por el momento permanece firme en su puesto.
Más allá de estos cambios, áreas sensibles de la gestión ferroviaria permanecen sin funcionarios a cargo: tal es el caso de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE), organismo a cargo de la ejecución de obras ferroviarias con financiamiento internacional. El organismo está acéfalo desde el cambio de Gobierno y la falta de interlocutores genera desconcierto entre los organismos internacionales y aún entre las empresas contratistas del Estado, mientras los proyectos a cargo del área continúan paralizados.
