El Ministerio de Transporte de la Nación rechazó de plano una queja de las concesionarias de cargas Ferroexpreso Pampeano (FEPSA), Nuevo Central Argentino (NCA) y Ferrosur Roca (FR) contra el protocolo para combatir intrusiones y asentamientos en terrenos ferroviarios establecido en marzo pasado.
El protocolo tiene como objetivo garantizar el resguardo y la integridad de los bienes muebles e inmuebles afectados a la explotación ferroviaria y promover medidas destinadas a restituir la funcionalidad de los bienes involucrados, a la vez que permitir “dar continuidad a la operación del servicio ferroviario en condiciones adecuadas”. En este sentido, establece una batería de acciones preventivas, de relevamiento y de atención a las problemáticas sociales que se pudieran presentar, a la vez que establece las pautas a seguir para las acciones judiciales que correspondieran.
Tanto FEPSA como NCA y Ferrosur presentaron sendos recursos frente al ministerio solicitando que se revocara el citado protocolo, alegando que la norma implicaría “nuevas y numerosas obligaciones que excederían ampliamente las establecidas en el contrato de concesión“.
A su vez, las cargueras cuestionaron que el protocolo se establezca a poco de que finalicen sus respectivos contratos de concesión, considerando que sería “inoportuna e incluso excesiva” esta supuesta “modificación y agravamiento de obligaciones”.
Cabe recordar, no obstante, que el contrato de al menos una de ellas -el de FEPSA- se encuentra de hecho expirado y ya ha sido prorrogado en dos ocasiones, de cara a la implementación de un nuevo y confuso esquema que apuntaría a garantizarles a las concesionarias una continuidad más allá del vencimiento de sus plazos de concesión.
Ni reestatización ni acceso abierto: el gobierno prefigura un confuso modelo para la red ferroviaria
Los recursos presentados por las cargueras privadas -el resto de las empresas (SOFSE, ADIF, BCyL) no presentaron objeciones- fueron desestimados mediante la resolución 508/2022, que lleva la firma del ministro Alexis Guerrera (ver debajo).
En una extensa justificación, el ministerio argumentó, remitiéndose a los propios contratos de concesión, que mantener la integridad de los bienes entregados es responsabilidad del concesionario y que las empresas no lograron acreditar fehacientemente los supuestos “perjuicios graves” que les ocasionaría la aplicación del protocolo. Por esta razón, y “no mediando razones de interés público que así lo ameriten, no corresponde hacer lugar al pedido”.
Se estableció un protocolo para combatir intrusiones y asentamientos en terrenos ferroviarios
El protocolo establecido en marzo pasado busca atacar uno de los problemas más graves que afectan al ferrocarril: la ocupación de sus terrenos. El fenómeno, que es de larga data, se ha agudizado en los últimos años, llegando a comprometer la operatividad de numerosos servicios de pasajeros y de cargas.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la intrusión de terrenos ferroviarios ha llevado a la cancelación de los servicios del ramal Puente Alsina – Aldo Bonzi de la línea Belgrano Sur, suspendido desde hace cinco años, y de los servicios cargueros a la estación Sola, en agosto del año pasado.
Situaciones similares, luego revertidas, se dieron en el ramal Temperley – Haedo de la línea Roca –interrumpido durante un año y medio, entre 2019 y 2021– y en los talleres ferroviarios de Victoria (línea Mitre).
De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, hasta un 5% de los barrios precarios de todo el país están asentados sobre vías del ferrocarril o a menos de 10 metros de ellas.
