La responsable de Comunicación de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), y “número dos” de la Gerencia Corporativa y Comercial que conduce Verónica López Quesada, Macarena Colombo, fue despedida de la empresa estatal.
No obstante SBASE abonó una considerable indemnización -una cifra cercana a los 400 mil pesos-, la ex mano derecha de López Quesada fue vuelta a contratar en forma casi inmediata por otra área del gobierno porteño que no se ha dado a conocer.
Aunque las razones de su desvinculación no trascendieron a la prensa, la salida de Colombo estaría vinculada a la posición comprometedora en que había quedado tras difundirse correos electrónicos en los que convocaba al personal de planta de SBASE a hacer campaña por Mauricio Macri en horario laboral.
El hecho había generado incomodidad entre los trabajadores de SBASE, inclusive entre quienes simpatizan con el PRO, según testimoniaron desde APDESBA, el sindicato que nuclea a los trabajadores de la estatal. Tras tomar estado público, los legisladores Bodart y Campagnoli anunciaron que presentarían una denuncia judicial al respecto, “por transgredir la Ley de Ética Pública de la Ciudad”.
Una gestión marcada por la tensión
La gestión de Juan Pablo Piccardo al frente de SBASE se ha caracterizado -a diferencia de sus predecesoras- por un alto nivel de conflictividad laboral al interior de una empresa cuyo tamaño es relativamente pequeño. La mano derecha del presidente, Verónica López Quesada, se ha transformado en una virtual interventora de la compañía al sumar a su gerencia Corporativa y Comercial el área de Recursos Humanos.
Desde que está al frente de la misma se ha producido un vaciamiento de capacidades profesionales sin precedentes en la historia de la empresa, a la par que se ha engrosado la planta funcional con personal superfluo y escasamente capacitado para la administración del Subte.
A la par, la Gerencia de Legales -a cargo del cuestionado abogado Juan Francisco Freire Aurich, cercano al vicepresidente Alberto Gowland- ha sido denunciada públicamente por irregularidades en contrataciones, denuncias judiciales millonarias a ONGs patrimonialistas y hostigamiento a los trabajadores de la empresa, amén de la censura a los medios de comunicación críticos con la actual conducción de SBASE.
El último hecho conflictivo en tomar estado público fue la instalación de cámaras de seguridad en las oficinas de Agüero 48, lo que ha llevado a APDESBA a intimar a Piccardo para que sean retiradas.
