Néstor Segovia es el principal representante gremial de los trabajadores del subterráneo y parte del Cuerpo de Delegados, como así también miembro de un importante partido político de izquierda. Segovia es, además, el vocero de los delegados.
La activa participación que representa Segovia en los conflictos del subte es de gran relevancia. Por ello, el objetivo de Metrovías y la UTA desde hace tiempo consiste en cuanto menos quitarle los fueros que lo protegen en su puesto.
En ese sentido, en abril del año 2007 la concesionaria Metrovías presentó una denuncia penal en busca de su desafuero, basándose en el “accionar ilegal” de algunas de sus protestas. Esto trajo como resultado una manifestación desde el Hotel Bauen hasta el Juzgado Laboral Nº59 y algunas otras medidas que afectaron el normal funcionamiento del subte.
Luego del paro sorpresivo que suspendió ayer el servicio en las 6 líneas de subterráneos y el Premetro en reclamo del cumplimiento de la resolución de diciembre 2006 que establece ciertas pautas para el ascenso de empleados, Segovia se lanzó nuevamente a los medios con declaraciones, una vez más, polémicas.
En esta oportunidad, en diálogo con Radio Uno, el delegado se manifestó enfáticamente en favor del traspaso jurisdiccional del subte a la Ciudad, algo pendiente desde el decreto 393 del 21 de abril de 1999 firmado por el ex presidente Carlos Menem.
Una encuesta realizada en la web de los delegados, donde la mayoría de los votantes son los mismos trabajadores del subterráneo, arrojó sorprendentes resultados al colocar pionera la estatización del subte como próxima medida de lucha por parte del Cuerpo de Delegados.
Si bien una estatización en el marco legal vigente es difícil de imaginar, lo cierto es que para cualquier modificación de la administración de la red de subterráneos, en la actualidad y desde 1994 a cargo de Metrovías S.A. por concesión del gobierno menemista, es necesario el cumplimento del decreto presidencial que le confiere a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio total de su facultad de propietaria de la red que le corresponde por estatuto y por ley.
Hasta entonces, una mejora en los controles a la concesionaria actual, una readjudicación de la administración a otra empresa privada o incluso la estatización -lo que confiere automáticamente la devolución de la red a la S.E. que estatutariamente es operadora natural- serán temas aún pendientes.
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