El legislador porteño Ramiro Marra anunció el jueves pasado que, junto con el bloque de legisladores de La Libertad Avanza, enviará una serie de proyectos de ley que buscará replicar el proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso de la Nación. Dentro de las reformas propuestas se incluiría la privatización de Subterráneos de Buenos Aires SE (SBASE), controlante del Subte porteño, y su declaración como servicio esencial.
La enajenación de SBASE se haría en conjunto con otras empresas públicas de la ciudad como el Banco Ciudad, el Canal de la Ciudad y Radio Ciudad, de manera análoga a la Ley Ómnibus donde se propone la privatización de todas las empresas del Estado Nacional.
Subterráneos de Buenos Aires es no solo la empresa controlante del Subte, la responsable de las ampliaciones y mejoras, el órgano de control de la concesión y la operadora natural en caso de reversión al estado, sino también la propietaria legal de toda la infraestructura de la red de subterráneos. Por lo que una privatización plena de la empresa implicaría una transferencia al sector privado del 100% de la red, el material rodante e instalaciones anexas. Una medida insólita que no tiene antecedentes próximos y llevaría a la red a la etapa previa a la Corporación de Transportes de Buenos Aires, retrasando más de 80 años.
El Estado porteño es titular de la propiedad del 100% de la red de Subterráneos de Buenos Aires, al igual que en la totalidad de las grandes redes de metro del mundo (a su vez, la gran mayoría son operadas directamente por empresas estatales); un retroceso en este sentido podría tener graves implicancias para la movilidad en la ciudad.
Desde diciembre de 2021 el Subte es operado por Emova (Metrovías-Roggio) bajo un nuevo contrato de concesión con SBASE, donde el privado recibe compensación económica por la operación (subsidio) mientras la empresa estatal continúa haciéndose cargo de las inversiones en infraestructura y material rodante. Difícilmente se encuentre un punto de equilibrio donde un privado pueda ofrecer el servicio sin recibir esta compensación. Vale recordar que, tras el último aumento, el Estado subsidia al menos el 77% de la tarifa.
Se replicaría de esta manera lo propuesto en la Ley Ómnibus donde, de manera completamente radical, toda la infraestructura ferroviaria pasaría a manos privadas al venderse sin condiciones todas las empresas ferroviarias y sus activos. Un sinsentido que podría llevar al desguace completo del sistema y su inutilización.
Mientras tanto, la declaración del Subte como servicio esencial replica las reformas impuestas por el DNU presidencial del 21 de diciembre, que limita el derecho a huelga de diversas actividades. Ramas como la comunicación, el transporte y la educación se ven en la obligación de realizar entre un 50 y un 75% de la prestación normal del servicio. Una declaración en este sentido augura un aumento de la conflictividad con los gremios del sector, que verán atacados sus derechos constitucionales a la protesta.
Si bien no se conocen más detalles de los proyectos, Marra –que en campaña prometía un Subte funcionando 24 horas– adelantó que las reformas comprenden un conjunto de leyes nuevas que se presentarán “en los próximos días” y otras ya presentadas donde se busca hacer “algo similar” a las reformas impulsadas por Javier Milei en el ámbito nacional.
De cualquier manera, el tratamiento de los proyectos deberá esperar al inicio de las sesiones ordinarias de la Legislatura porteña en marzo próximo ya que, al contrario del Congreso Nacional, no hay convocadas sesiones extraordinarias ni se prevé hacerlo.
