4 diciembre 2024

Piccardo denunció a Tomada por “privación ilegal de libertad”

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El titular de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), Juan Pablo Piccardo, presentó este lunes ante la Justicia una denuncia por “privación ilegal de la libertad agravada y abuso de autoridad” contra el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por haberlo llevado por la fuerza pública a una reunión paritaria por el subte.

Además, el funcionario porteño presentó un “habeas corpus” por entender que “existe una amenaza seria y real de que vuelva a ser conducido por la fuerza pública” a una nueva audiencia convocada para esta tarde, a las 16.30. La denuncia fue planteada ante el juez federal Julián Ercolini, por la Procuraduría de la Ciudad.

“No voy a ir a participar de la próxima audiencia”, anunció Piccardo en declaraciones a C5N, en referencia al encuentro de esta tarde. En torno a este tema explicó que la Ciudad no debe participar porque no es parte de la negociación de las paritarias, que le concierne al Gobierno nacional y no al porteño.

“No somos parte del conflicto, con lo cual no tenemos que participar de esas audiencias”, insistió el titular de Sbase. Además, explicó que hizo la presentación pidiendo un hábeas corpus para que se garantice su “derecho de circulación”. “Tenemos la voluntad de hacernos cargo”, aseguró, en torno al conflicto entre el Gobierno porteño y el nacional sobre los subtes.

La semana pasada el Gobierno nacional envió a la fuerza pública para garantizar la presencia de Piccardo a una reunión en el Ministerio de Trabajo entre los delegados del subte, la empresa Metrovías y el Gobierno porteño.

La cartera que encabeza Tomada ordenó a efectivos de la Policía Federal que fuesen a la sede de SBASE a buscar a su titular, para trasladarlo a la fuerza a la reunión que se realiza en Callao 114. Sin embargo, Piccardo no se encontraba en su despacho, por lo que no se pudo llevar adelante la diligencia policial. Finalmente, a las 15.40, el funcionario se acercó por sus propios medios a la cartera laboral. El Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Julio Conte Grand, calificó de lamentable e innecesario el hecho, pero reconoció que la acción está amparada por la ley.

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