En la última semana de 2016, el Senado provincial mendocino aprobó la disolución de la Empresa Provincial de Transporte de Mendoza (EPTM) y su transformación en Sociedad de Transporte de Mendoza Sociedad Anónima, que ya había recibido media sanción de la cámara de Diputados.
De los 425 empleados con que contaba la EPTM, sólo 200 seguirán trabajando en su sucesora. La idea del gobierno mendocino es que los desvinculados sean reubicados en otras reparticiones estatales. “La decisión de quién se queda y quién se va, será del propio Directorio”, adelantó el diario Los Andes. Sin embargo, los destinatarios de esta política parecen ser bastante claros: los delegados sindicales de los tres gremios que tenían presencia en la extinta compañía (ATE, UPCN y UTA). A su vez, se ofrecerá un programa de retiro voluntario.
El otro eje de la propuesta del gobierno que conduce Alfredo Cornejo (UCR/Cambiemos) es, además de esta reducción de personal, la apertura al capital privado hasta un 49%. Este paso se concretaría recién a mediados de año, con la licitación de dos nuevos servicios troncales en los que operarían colectivos híbridos (diésel – eléctricos) en los que empresarios del sector privado se asociarían con el Estado para la explotación de esos corredores.
La EPTM administra recorridos de colectivo, la red de trolebuses y el Metrotranvía de Mendoza. Recientemente, funcionarios del gobierno provincial confirmaron que buscan eliminar líneas de trolebuses para reemplazarlas por colectivos híbridos. Al asumir el cargo el presidente de la EPTM, Leopoldo Cairone, un técnico superior en Marketing, había dicho que aspiraba a que el servicio funcionara “sólo funcione con troles”. Con el correr de los meses, la empresa que preside sacó a remate 106 unidades eléctricas canibalizadas para paliar su frágil situación financiera. El Estado nacional, en tanto, en lugar de asistir a estas necesidades y apostar por una movilidad auténticamente sustentable, prefiere volcar fondos en proyectos de Metrobús.
