La contaminación electromagnética, provocada principalmente por los centenares de antenas de telefonía celular instaladas en subterráneos, calles y edificios, crece continuamente en la ciudad de Buenos Aires sin controles ni debates serios sobre su posible impacto en la salud, según denunciaron especialistas en el tema. A las antenas de alta tensión, aisladas de centro urbanos y relegadas durante años a zonas pobres o descampadas, se le sumaron las de teléfonos celulares e internet inalámbrico, que en el país experimentaron un boom en los últimos años y en la Capital Federal se acercan al millar, por lo que la inquietud por sus posibles efectos nocivos comenzó a crecer.
Como todavía se desconoce si sus radiaciones afectan la salud a largo o mediano plazo, especialistas reclamaron que se aplique efectivamente el principio precautorio, que se adelanta a las pruebas que puedan surgir sobre sus efectos negativos y limita o condiciona las instalaciones de estos aparatos. Sólo en territorio porteño las antenas declaradas son más de 600, pero en realidad rondan el millar: ya en 2004, según un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), se registraban casi 350 más dentro de la red de subterráneos.
“Sobre las subterráneas no tenemos información, pero sabemos que están instaladas en todas las líneas. Se cree que hay un mínimo de una por estación”, dijo Jorge Ferrari, secretario de Consumidores y Usuarios de la Defensoría porteña. Sobre tierra tampoco hay un control firme: “un porcentaje relativamente pequeño cuenta con todas las autorizaciones otorgadas, pese a que el boom de la red comenzó en 2000”, consideró. No obstante, se cree que son las antenas puestas en el subte las más peligrosas, ya que en sus túneles se da “una sinergia entre varios factores”.
“No es sólo la radiación, sino además el hecho de que está adentro de la jaula que es el túnel y es eléctrico, por lo que produce campos magnéticos y campos eléctricos”, afirmó el legislador porteño Facundo Di Filippo (ARI-Coalición Civica). Tras insistir en un proyecto de su autoría en el que exige que se reconozca el principio precautorio en la Ciudad, el legislador ingresó hace unos días un pedido de informes al Poder Ejecutivo porteño acerca de cuántas de estas antenas pasaron por la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Una fuente de la Dirección de Evaluación Técnica –dependiente de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño– afirmó que el organismo “se encuentra investigando el caso específico de las prestadoras de servicios de telefonía cuyas antenas están ubicadas en las estaciones de subte”. El objeto es “conocer el estado de la documentación correspondiente a fin de dar cumplimiento al procedimiento técnico administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental”, aseveró.
Lo que se conoce desde mediados del año pasado es un Mapa de Sitios de Medición de Antenas en la ciudad, que detalla ubicación, rango de las frecuencias y máximos valores de medición registrados de los aparatos autorizados a operar. Según Antonio Brailovsky, ex defensor del Pueblo de la ciudad, el problema es cómo la Comisión Nacional de Comunicaciones mide las emisiones, lo que hace con “dos fallas principales”, porque “mide la antena una sola vez en la vida, aunque son aparatos que varían ampliamente, y lo hacen de a una por vez”.
Es que la mayoría de las veces las áreas de cobertura de las antenas se superponen –porque cada compañía tiene equipos propios y también para asegurarse el servicio en toda la zona–, y en esos espacios, denominados “puntos calientes”, las radiaciones son tolerables cuando se miden por separado, pero no cuando se suman. “¿Qué pasa si un vecino vive en medio de dos antenas? En definitiva es un horno de microondas”, expresó Brailovsky y explicó que se deben medir las emisiones las 24 horas mediante controladores online, como se hace en Barcelona, así como coordinar a las empresas para que compartan las antenas.
