La estricta dieta a la que se sometió hace meses para bajar de peso le vino como anillo al dedo: el secretario de Transporte, Juan Pablo Schivi, tuvo que mover mucho la cintura para acelerar la puesta en marcha del SUBE, el sistema de boleto electrónico con el que el Gobierno pretende unificar el pago y la recaudación de toda la red de transporte (trenes, subtes y colectivos) que circulan por el área metropolitana.
Pese a que ya se adjudicaron cinco licitaciones para la compra de 5 millones de tarjetas, 5.000 lectograbadoras de recarga y 10.000 validadoras (para instalar en colectivos y estaciones de trenes), entre otras cosas, la implementación real estaba trabada por una fuerte disputa que vienen manteniendo transportistas y funcionarios nacionales, nada menos que por el control de la caja del sistema.
Se trata del manejo de 11 millones de pasajes que se emiten a diario y el paquete de subsidios que otorga el Estado. Si bien hay matices en las apreciaciones, fuentes oficiales y de las cámaras empresarias dejaron trascender que habría un principio de acuerdo, lo que permitiría comenzar con el armado de la red informática del SUBE, más concretamente, con la instalación de los primeros validadores en los colectivos.
“Tenemos todo acordado y en los próximos días firmaremos el acuerdo”, pronosticó Shiavi. Y explicó que el arreglo al que se arribó contempla la creación de una entidad civil para que los privados incidan en la gestión del sistema, algo que no estaba contemplado en el proyecto original. “Las empresas participarán en tareas de control y estableciendo criterios para mejorar el servicio”, agregó.
La pelea se originó meses atrás, pero fue recrudeciendo a medida que avanzaba el proceso licitatorio. Tanto las licitaciones (que involucrarán una inversión superior a los $ 700 millones, que serán solventados por la Secretaría de Transporte), como la administración del SUBE están en manos de Angel de Dios, el titular de Nación Servicios, que depende del Banco Nación.
No es una responsabilidad menor: el sistema informático debe centralizar toda la recaudación y realizar el clearing, es decir, abonar a cada empresa el valor correspondiente a los pasajes consumidos. De Dios, un santacruceño amigo de la infancia de Néstor Kirchner, integraba el grupo de los “halcones” en la pulseada, ya que no quería ceder ninguna participación a los transportistas. Al final, al parecer, hizo las concesiones con el objetivo de evitar más demoras.
Los transportistas, justamente, argumentaban que se los marginaba del negocio. Lo explica Daniel Millaci, titular de la CEAP (Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros). “Había muchos aspectos en que no participábamos, y consideramos que no era prudente que quienes arriesgan su capital y los colectivos no tomaran parte en las formas de pago”, señaló, sin mencionar una palabra acerca de los subsidios.
Millaci, al igual que la mayoría de las fuentes consultadas por este diario, reconocen que esta cuestión “demoró todo”. Habría que explicar que los retrasos tienen que ver no sólo con el armado del sistema, sino con la colocación de máquinas en los colectivos, sobre todo. “Ellos tienen la llave, el arreglo lo facilita todo”, admitió una fuente oficial.
Cristina Kirchner lanzó el SUBE en febrero con el objetivo de combatir la escasez de monedas. Y prometió que estaría funcionando a pleno en 90 días. Los plazos y los montos inicialmente previstos son muy distintos.
El propio Schiavi admitió que recién “en julio de 2010 estaría funcionando casi a pleno”. Pero la pelea postergó la colocación de las primeras validadoras en los colectivos que, según el plan oficial, estaba prevista para septiembre. En rigor, el SUBE funciona, por ahora, en unas pocas líneas de colectivo y en el subte: es decir, el sistema montado por Metronec, del grupo Roggio. Precisamente la UTE conformada por Metronec, Siemens e Indra triunfaron en la licitación de las validadoras, por US$ 64 millones, la más jugosa.
Desde hace meses, el Gobierno comenzó a entregar las primeras Carlos Abril, director de la Division informática de Siemens, señaló: “Nosotros, sin computar las otras dos empresas de la UTE, tenemos 300 máquinas listas para instalar, que ahora están en un depósito”. Además, las controversias demoraron el llamado a tres nuevas licitaciones para comprar equipos (ver, Abren el juego…)
El titular de la Asociación Civil Transporte Público (ACTA), José Troilo, destacó que si bien “hubo reuniones y trasladamos sugerencias, todavía no concretamos ningún acuerdo”. Y cuestionó, una vez más, la implementación del SUBE. “Nuestro objetivo –dijo– es facilitar cualquier medio de pago alternativo (que coexista con el sistema actual de las monedas), para que el público elija. Lo compulsivo no funciona”. Al enterarse, Schiavi, enojado, replicó: “El SUBE está en marcha y no hay vuelta atrás”.
por iEco
