El legislador del Partido Socialista Auténtico, Adrián Camps, consideró que “cualquier incremento en el valor del pasaje de subterráneo es una estafa a quienes utilizan este transporte público y a quienes se ven afectados por la suba de impuestos”. “Si se va a financiar aumentado el boleto ¿para qué se crearon nuevos aportes, se incrementaron impuestos y se aprobó un nuevo endeudamiento? Al parecer, para el Gobierno de la Ciudad, cualquier excusa es buena para hacer caja en perjuicio del presente y el futuro de los porteños”, agregó.
Al aprobarse la ley de traspaso del subte a la Ciudad, se incluyeron aumentos de servicios e impuestos -que el bloque Proyecto Sur no votó- que cubren con creces el posible déficit operativo del transporte subterráneo. Al llamado “Fondo Subte” se incorporará el 10% de lo recaudado en las autopistas urbanas, así como los aumentos del impuesto a los sellos y del patentamiento de automóviles de alta gama. Se estima que, mediante estos aportes, podría obtenerse una suma cercana a los 1.100 millones de pesos al año.
Para el año 2012 se calculó, para el servicio de subtes, un déficit de 720 millones de pesos; este monto fue cubierto en partes iguales por la Nación y por el aumento del pasaje -$ 1,10 a $ 2,50-. En consecuencia, la Ciudad no aportó un solo peso en 2012 y, en 2013, tendría que hacerse cargo de los 360 millones de pesosque dejaría de entregar el gobierno nacional; a lo que debería sumarse 60 millones debido a la disminución de pasajeros por el aumento del boleto en enero de 2012.
Un simple cálculo matemático nos indica que si la Ciudad, con los nuevos impuestos recauda 1.100 millones de pesos y debe afrontar gastos de 420, obtendría un superávit de 680 millones de pesos. Si bien pueden aumentar los costos por el proceso inflacionario y los aumentos salariales, parece imposible que las erogaciones puedan superar a los ingresos.
A los recursos previstos en el “Fondo Subte” deberíamos sumar la autorización aprobada por la Legislatura -que el bloque Proyecto Sur tampoco votó- para contraer endeudamiento, destinado a gastos de infraestructura, a razón de 100 millones de dólares por año, hasta completar 300 millones de esa moneda.
Para el diputado Camps, “se desprende de estas cifras que, con la tarifa actual y los recursos previstos en la ley de traspaso, el servicio del subte se encuentra totalmente financiado y cualquier aumento resultaría una estafa, no sólo a quienes viajan en este transporte sino también a quienes se ven afectados por la suba de impuestos aprobada por la Legislatura”.
“Como efecto asociado al aumento del boleto, se acentuará la migración de usuarios del subte hacia el colectivo, descompensando el sistema de transporte público en la Ciudad”, expresó el legislador. Se evalúa que un 20% ya tomó esa decisión tras la suba de 1,10 a 2,50 pesos.
El diputado porteño Daniel Amoroso (Bloque Confianza Pública) anticipó hoy que mañana se pronunciará en contra de un eventual nuevo incremento en el boleto del servicio del subterráneo, durante la audiencia convocada por el gobierno porteño que se realizará en el Teatro General San Martín.
En declaraciones radiales, Amoroso, quien además es vicepresidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, aseguró que “es por demás apresurado proponer otra alza de la tarifa sin contar todavía con todos los datos definitivos sobre la situación en la que la Ciudad se hizo cargo del subte, ni que conozcamos cuáles serán las pautas de productividad, programas de modernización ni mejoras tecnológicas que la nueva gestión se propone aplicar”.
“Sin esos datos tampoco podemos conocer en que medida o hasta que monto podrá ser subsidiada la tarifa a jubilados, pensionados, estudiantes del ciclo primario de escuelas públicas o discapacitados¨, acotó.
El legislador subrayó que tampoco se han recibido los informes de auditoría referidos a “recursos humanos y patrimoniales, obras e infraestructura, por lo que establecer un aumento de antemano expone a los usuarios a una situación de constante inseguridad e incertidumbre sobre la prestación del servicio”.
“Ya quedó demostrado el año pasado que fijar un aumento de la tarifa antes de tiempo y sin otro objetivo que aumentar la recaudación no sirvió para mejorar el servicio ni terminar con los problemas estructurales que padece ese transporte”, finalizó Amoroso.
