Hace ya varios días que la prestación del servicio de todas las líneas de Subte se ve afectado por demoras e interrupciones intermitentes.
Con el pasar de los días las demoras y las suspensiones iban aumentando a medida que crecían los rumores sobre nuevos conflictos gremiales de los trabajadores del Subterráneo.
Los Delegados, quienes hace años que reclaman mejoras salariales, reincorporación de ciertos sectores del plantel de empleados al convenio de la UTA, recategorización de áreas, declaración de insalubridad y pase de jornada laboral de 8 a 6 horas, el 82& móvil en la jubilación, entre otras demandas -muchas de ellas ya otorgadas-, ahora se encuentran en la lucha por la nulidad del fallo que dejó sin efecto la declaración de insalubridad, lo que deja la puerta abierta a un regreso de la jornada laboral de 8 horas si no se realizan nuevamente los estudios técnicos y científicos que determinen judicialmente que trabajar en el Subte es realmente insalubre.
Ante esto, los trabajadores se manifestaron ayer desde el Hotel Bauen hasta el Palacio de Tribunales, tanto para pedir la nulidad de dicho fallo, como para continuar el reclamo del 82% móvil de la jubilación.
Asimismo, también vienen emitiendo hace varias semanas una batería de Comunicados de Prensa donde denuncian una interminable lista de deficiencias en el mantenimiento del servicio, principalmente en el estado de las formaciones.
Aquí se presenta el conflicto, donde los Delegados adjudican las demoras e interrupciones del servicio a que por “preservar la integridad de los pasajeros” se niegan a poner en servicio algunas formaciones que “no están en condiciones de operar”.
La empresa concesionaria del servicio, Metrovías S.A., emitió un comunicado esta tarde donde adjudica las demoras e interrupciones a “conflictos gremiales”, desmintiendo toda posibilidad de que las formaciones presenten deficiencias y que por ello no se pueda prestar servicio.
Una vez más, la palabra de los Delegados contra la palabra de Metrovías. Una vez más los pasajeros atados a una larga y antigua disputa, donde ya nadie sabe a quién creerle, buscando como alternativas otros medios de transporte, o bien, la agresión a los empleados, como las cámaras de televisión han registrado días atrás.
Si bien es totalmente cierto y evidente que es insuficiente -y en algunos casos nula- la inversión de Metrovías en lo que respecta a mantenimiento y mejoras del servicio que se le fue prestado a concesión a mediados de los 90, también es cierto que la responsabilidad de que los trenes estén en perfectas condiciones corre por cuenta de Metrovías, como así también correrá por su cuenta cualquier accidente o desperfecto que pudiese ocurrir en el caso de que una formación en mal estado sea puesta en funciones.
En un país donde crece día tras día el nivel de credibilidad tanto sobre los partidos políticos como sobre los gremios y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, cuesta creer que no es casualidad que los reclamos de los trabajadores de Subte estén ocurriendo, nuevamente, al mismo tiempo que ocurren demoras y suspensiones en el servicio.
Cabe destacar que el pasado 17 de mayo los trabajadores llevaron a cabo un paro total del servicio reclamando que se los tenga en cuenta a la hora de negociar sus demandas, ya que denuncian que “no fueron escuchados” cuando la UTA, Metrovías y el Ministerio de Trabajo negociaron en aquel entonces los aumentos salariales que finalmente se pactaron.
Desde ese entonces se escucharon reiteradas amenazas de posibles nuevos paros, ya que los delegados consideraron que el acuerdo había sido fraudulento y no cumplía con sus exigencias, pero nunca más ocurrieron interrupciones del servicio, y la apertura de molinetes, presentada como novedosa alternativa de reclamo, también fue mermando con el pasar del tiempo.
Ahora nuevamente el conflicto vuelve a reflotar con: delegados que denuncian falta de mantenimiento, reclaman 82% móvil, la anulación del fallo que invalida la insalubridad, y participar en la mesa de negociaciones; la Unión Tranviario Automotor (UTA), el gremio que nuclea a los trabajadores del subterráneo, cuya cúpula es blanco de enfrentamientos por parte de los delegados de base, quienes los acusan de no representar a los empleados del Subte; la empresa Metrovías, quien se ampara en el Decreto de Emergencia Ferroviaria (2075/02) sancionado por la presidencia de Duhalde -aún vigente- para no realizar las inversiones de mantenimiento necesarias.
A esta lista se le podría agregar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien demanda al Estado Nacional el poder de control sobre una red que le pertenece a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) desde 1994 pero sobre la cual no puede ejercer el Poder de Policía por el impedimento que establece la Ley 24.588, denominada Ley Cafiero; y el Estado Nacional, responsable tanto por negligencia y falta de controles a través de su Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) encargada de verificar la concesión otorgada a Metrovías y el estado de la red y el mantenimiento; como también por continuar otorgando millonarios subsidios a la concesionaria a través de la Secretaría de Transportes de la Nación.
En el medio están, como siempre, los usuarios, quienes con sus impuestos y a través del boleto pagan el viaje y reciben a cambio uno de los peores servicios de Metro del mundo.
