El vicepresidente del bloque de la Coalición Cívica, Facundo Di Filippo, presentó un proyecto para que la Legislatura porteña demande al Estado nacional por el incumplimiento de las normas que le obligan a traspasar el control y fiscalización la red de subterráneos y del premetro a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La iniciativa, que fue adelantada por enelSubte.com el pasado martes, se basa tanto en la Constitución nacional como en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y propone que sea la Procuración General porteña la encargada de esa acción judicial.
Di Filippo recordó que por el decreto Nº 393/99 del Poder Ejecutivo Nacional, al cual adhirió la Legislatura porteña por la ley Nº 373, se establecía un plazo de 90 días para la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de la red de subterráneos y del premetro, traspaso previsto también en el artículo 16 del contrato de concesión a la empresa Metrovías.
En los fundamentos del proyecto se hace una reseña histórica sobre la construcción y tendido de la red de subterráneos como también de las distintas empresas privadas y corporaciones estatales que estuvieron a cargo su control y funcionamiento, además de las leyes, decretos y otras normativas, como la creación de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), que “dejan en claro -se destaca- que se trata de un patrimonio de todos los habitantes de esta ciudad”.
En su iniciativa, Di Filippo también reproduce los tramos fundamentales de un informe de técnicos de SBASE sobre las deficiencias en el mantenimiento del material rodante de los subterráneos y de los distintos accidentes e inconvenientes que sufrieron sus usuarios en los últimos años, lo cual lo lleva a advertir que podrían llegar a producirse graves accidentes si no se realizan tareas de control y fiscalización adecuadas en forma urgente.
“Si tenemos en cuenta que la red de subterráneos y el premetro es un transporte público que se presta íntegramente dentro de los límites de nuestra ciudad y que Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado es, precisamente, una empresa del Estado de la Ciudad, lo lógico es que ese servicio deba ser controlado y fiscalizado por la propia jurisdicción”, indicó el diputado.
Di Filippo también se hizo eco de los reclamos de los trabajadores de la red de subterráneos sobre la “falta de mantenimiento y los debidos controles del material rodante”, lo cual “atenta contra la seguridad de los propios trabajadores y de los usuarios, además de constituir un daño a un patrimonio de la ciudad”.
El legislador, de 34 años, perteneciente a Jóvenes por la Igualdad (JxI), una de las agrupaciones fundadoras del ARI y de la Coalición Cívica, realizó varias acciones por las deficiencias del material rodante de los subtes y su falta de mantenimiento, incluso una demanda penal que incrimina al Secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, y a Metrovías.
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