En lo que va del año, la administración porteña ejecutó tan sólo el 12,9 % del presupuesto asignado a la expansión de subterráneos. Asi informó un estudio realizado por el equipo del legislador de la CTA Martín Hourest y por el Centro de Estudios Porteños (CEP), que preside el senador kirchnerista Daniel Filmus. De acuerdo a este informe, que se basa en datos oficiales del Ministerio de Hacienda, esta subejecución es normal en lo que va de la gestión Macri. Areas sensibles como Salud, Educación y Desarrollo Social ejecutaron un promedio de 15 % de los fondos que les asignara la Legislatura para el presente ejercicio.
Cabe recordar que, a comienzos de año, las obras del subte se paralizaron por el brusco recorte que sufrieron en sus fondos. De los poco más de 400 millones que recibieron en 2008, en 2009 se les otorgó 110 millones, apenas un cuarto del año anterior, el mínimo indispensable que obliga la ley a destinar a la expansión de los subterráneos y el menor presupuesto para tal fin desde la autonomía porteña. Esto provocó protestas de los gremios de la construcción, alertados por la pérdida de fuentes de trabajo en las excavaciones, y la renuncia de Jorge Irigoin a la dirección de Subterráneos de Buenos Aires. Según declaró el funcionario al momento de alejarse de SBASE, se necesitan como mínimo 600 millones para no paralizar las obras. En tanto, la Comuna alegó que el Gobierno Nacional no otorga el aval para contraer créditos para financiar la construcción de tres nuevas líneas y finalizar las extensiones en marcha. Poco antes de las elecciones legislativas del 28 de junio, el legislador electo y ex Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra denunció que la Ciudad entregó 75 millones de pesos a dos empresas contratistas de las obras del subte por “trabajos que no se van a hacer”.
Mientras la polémica por los fondos para el subte y la subejecución presupuestaria continúa, sorprendió el anuncio de la construcción de dos túneles vehiculares bajo la Avenida 9 de Julio y el Parque Central Norte en la zona de Facultad de Derecho. Ambas obras estarían financiadas con las ganancias de Autopistas Urbanas S.A (AUSA), calculadas en 150 millones de pesos anuales. Los cuestionamientos no se hicieron esperar: la legisladora electa María José Lubertino, actual titular del INADI, incluso presentó sendos recursos de amparo contra estos proyectos, alegando que no se habían respetado las instancias de consulta a los vecinos marcadas por la ley y que incentivarían el uso del auto particular en detrimento del Subte, para cuya expansión no hay fondos.
