Alejandro Franco, ex director de Subterráneos de Buenos Aires, opinó sobre el escándalo desatado al perdonársele a Alstom multas por las demoras en la instalación del ATP en las estaciones Puán y Carabobo. El ex funcionario divulgó el caso hace quince días, lo que motivó un pedido de informes de parte de la Legislatura porteña por supuesta defraudación al Estado. No es la primera vez que Franco se enfrenta a aquellos que deciden sobre el futuro del Subte. En 2007, tuvo que renunciar al directorio de SBASE tras presentar un recurso de amparo ante la Justicia, en la que solicitaba que se frenara la “concesión precaria” en que el gobierno de Telerman había entregado la línea H a Metrovías para su operación. Además, Franco cobró notoriedad por denunciar el insuficiente mantenimiento que habían recibido los coches Siemens O&K antes de ser transferidos desde la C a la nueva línea. A partir de entonces, dedicó sus esfuerzos a la ONG Salvemos el Subte, que pelea por la defensa del patrimonio y el desarrollo de la red de subtes.
¿De quién cree que sea la responsabilidad política por este caso de defraudación?
La responsabilidad ejecutiva directa obviamente es del directorio de SBASE, que vulnera la opinion de toda su linea técnica y administrativa y su propia decisión anterior, impulsando las penalidades establecidas en el pliego de esta obra, por un acta acuerdo salida de una galera de mago que no guarda ninguna relación con el expediente administrativo del caso . La responsabilidad politica sin dudas es del ministro Chain, que es el unico accionista de esta sociedad del estado que es SBASE. Desde la asociación Salvemos al Subte, que es una ONG que integro con otras personas comprometidas con la defensa del patrimonio y del desarrollo de la red de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires, hemos presentado este caso en la Legislatura, lo que motivó un pedido de informes al ejecutivo con las firmas de los diputados Abrebaya, Hourest, Epstein y De Filippo. Por otra parte, el desfinanciamiento absoluto de SBASE ahonda en la pretensión de paralizar la labor de una empresa que cuenta con un capital profesional importante. Estas medidas no solo detienen la inversión en obras, sino que tambien desmantelan los mecanismos de control y de fiscalización. Esa responsabilidad politica es finalmente perversa y genera situaciones como la de Alstom, que no es la unica suscitada en SBASE.
¿Cuál cree que sea la relación con Alstom que explique el tratamiento hacia la empresa?
Alstom es una empresa muy importante en el mundo ferroviario y tiene una larga relación con los subterráneos de la ciudad. En la relación con un contratista, el Estado tiene una serie de sistemas de control y de revisión que permiten neutralizar cualquier vínculo o relación de privilegio. En SBASE, como ocurre en otras empresas de la Ciudad, esos institutos de revisión no funcionan. Nótese que en este caso, como en cualquier acto administrativo que supere el millon de pesos, debe intervenir la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires. El problema no son los contratistas si no la fortaleza del Estado en fijar reglas, y llevar adelante el cumplimiento de politicas publicas que ya estan definidas. Si se estudia este caso surge claramente que gente ajena a la historia de la empresa resolvía estas cosas en SBASE aún contraviniendo la opinión de la estructura administrativa y técnica del organismo. Lo único claro en este caso es que el gobierno de Macri no tiene interés alguno en fortalecer una empresa como SBASE. Por el contrario, desfinanciando y desarmando el organismo, se fortalecen los manejos y favores: el clásico en estos casos es el vinculo con Metrovías y las empresas de Roggio.
¿Estos seis millones de pesos a favor de Alstom se pagan del presupuesto de SBASE?
El pago de estos reconocimientos de cargos improductivos, mayores costos, adicionales, etc, salen del presupuesto de SBASE. En síntesis: no hacemos obras, las que hay se suspenden, se perdonan las multas y además reconocemos reclamos extemporáneos del contratista. Dónde está la responsabilidad de estos desatinos, eso no importa. La pretensión es que se aclare y se rinda cuenta de lo actuado ante la Legislatura, que se haga un seguimiento exhaustivo ya que este no es el único caso.
