Sergio Abrevaya, precandidato a jefe de Gobierno por UNEN, cuestionó a Metrovías. "El Gobierno de la Ciudad debió quitarle la concesión inmediatamente por un gran número de incumplimientos" dijo. Además, sugirió que el mejor modelo de operación del Subte debería ser estatal: "SBASE tiene muchos años de haberlo gestionado"

enelSubte (eeS): ¿Por qué cree que Metrovías sigue operando el Subte, pese a su claro mal desempeño tras 20 años de concesión?

Sergio Abrevaya (SA): Creo que es inexplicable, esa prórroga que le dio el Gobierno de la Ciudad debió quitarla inmediatamente por un gran número de incumplimientos de Metrovías.

Pensemos que la concesión del subte se le da antes de la Reforma de la Constitución Nacional de 1994; en la que la Ciudad de Bs. As. consiguió su autonomía. Así que no se debió haber hecho esa operación tan onerosa para el estado en la que se pasa de cobrarle canon a pagarle subsidios a Metrovías.

No olvidemos que Metrovías ha declarado ganancias extraordinarias, al mismo tiempo que cobraba subsidios del Estado. Casos emblemáticos son los del 2009 y 2010, en los que cobró 100 millones de ganancias; mientras los subsidios totalizaban 300 millones de pesos.

Por otro lado, está Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), que es una empresa que, si bien no es lo que era, tiene una tradición en el subte; tiene muchos años de haberlo gestionado y haber realizado las obras y controlado su funcionamiento. Me parece que la manera es ir hacia esa modalidad de explotación con SBASE.

eeS: ¿Cree usted que SBASE se encuentra en condiciones de operar el servicio de forma directa?

SA: Pienso que sí, bastaría con absorber el personal operativo para poder hacerlo. Creo que hay que cambiar la figura legal, incluso incluir algunos mecanismos de contralor de los usuarios, que son fundamentales y me parece que SBASE puede hacerlo.

eeS: ¿Cómo evalúa la posibilidad planteada por Piccardo de operar el subte, a través de una Sociedad Anónima de conformación mixta (público-privada)?

SA: Me parece que tiene que ser una sociedad anónima, como el modelo de AUSA, cuyos propietarios son el Gobierno de la Ciudad y otras empresas del estado.

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