El presidente de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), Guillermo Fiad, firmó esta semana un acuerdo con su par de la estatal francesa SNCF, Guillaume Pepy. El mismo comprende, según informó la ADIF, distintos proyectos que hacen a la modernización de la red ferroviaria argentina, como “soporte en las estrategias de migraciones entre sistemas actuales y futuros (como, por ejemplo, señalamiento o electrificación), colaboración para optimizar la circulación de los trenes en forma segura y para la certificación de componentes ferroviarios“.
El año pasado la ADIF ya había firmado un acuerdo similar con la italiana Ferrovie dello Stato (FS). Cabe aclarar que el equivalente de la SNCF y FS sería en nuestro país Ferrocarriles Argentinos SE, cuyo presidente es el propio Guillermo Fial desde agosto del año pasado, cuando relevó al polémico Marcelo Orfila –que sigue a cargo de la SOFSE–. Por motivos que se desconocen, los acuerdos se han limitado a la ADIF. Fiad declaró que “Alcanzar acuerdos bilaterales como este es importantísimo para la búsqueda del progreso del transporte ferroviario de nuestro país. Este es un paso más hacia adelante para poder concretar el plan ferroviario más ambicioso del último siglo en Argentina”.
La SNCF, siglas de Société nationale des chemins de fer français, es la histórica empresa ferroviaria nacional francesa. En 2014, la Asamblea Nacional del país galo dispuso reunificar operación e infraestructura en una única empresa –la SNCF–, revirtiendo parcialmente la división que habían impuesto las directivas europeas de desregulación. La sociedad madre SNCF está dividida en dos empresas especializadas, SNCF Mobilités (operación) y SNCF Réseau (gestión de la infraestructura).
La ley de Ferrocarriles Argentinos aprobada por el Congreso en 2015 se inspira expresamente en el caso francés y replica una estructura similar, con la SOFSE como empresa operadora y ADIF a cargo de la administración de toda la infraestructura y de los sistemas de control de circulación de trenes. Sin embargo, desde la sanción de la ley no se han tomado las medidas necesarias para transformar a la ADIF de licitadora de obras públicas en verdadera gestora de infraestructura; entre ellas está la obligación de renegociar o rescindir las concesiones vigentes para que todas las vías del país volvieran a ser administradas por el Estado.
