Los gremios ferroviarios bonaerenses se encuentran en un estado de inquietud luego de que en los últimos días se conociera una resolución de la Secretaría de Gestión del Transporte de la Nación que establece la realización de una “auditoría integral de los recursos humanos” de Ferrobaires para evitar “la transferencia de la totalidad del personal al Estado Nacional”.
La medida cayó como baldazo de agua fría en los sindicatos, ya que cuando se decidió la suspensión de los servicios el gobierno provincial había asumido el compromiso de “proteger las fuentes laborales implicadas”.
El ingeniero José Silva, secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos (APDFA), manifestó que decisiones como esta “nos preocupan y no transmiten tranquilidad”. “Una cosa es estabilidad [laboral] con trenes y otra sin trenes o sin la misma cantidad de servicios”, puntualizó, a la vez que consideró “injustificada” la interrupción de los servicios.
El diario La Arena, de Santa Rosa (La Pampa), informó días atrás que la reducción de personal ya está en marcha y que 25 ferroviarios pampeanos están próximos a ser despedidos. Se trata de 19 empleados en General Pico, tres de Santa Rosa y dos de Toay. De momento, y de acuerdo con fuentes gremiales, aún no han recibido notificación oficial. Sin embargo, aseguran que aunque se trata de empleados de Ferrobaires, sus sueldos corren por cuenta del gobierno de la provincia de La Pampa.
Cabe recordar que desde enero de este año no llegan más trenes de pasajeros a esa provincia, aunque podrían volver luego de terminadas las obras de reparación de puentes afectados por las inundaciones. Por ahora, y de acuerdo con la orientación dada por el gobierno a los ferrocarriles, no hay planes oficiales al respecto.
Los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y nacional se encuentran negociando los términos del traspaso de los servicios de Ferrobaires a Trenes Argentinos Operaciones (ex SOFSE) a través de la Unidad Operativa de Transferencia, que debería resolver la cuestión en un plazo de 180 días prorrogables. Independientemente de esto, la gobernadora Vidal advirtió recientemente, y ante el reclamo de intendentes del interior de la provincia, que el retorno de los trenes será “gradual”.
