Durante la semana pasada, el equipo del Ministerio de Transporte de la Nación, acompañado por los titulares de Ferrocarriles Argentinos y de ADIF, Marcelo Orfila y Guillermo Fiad, realizó una gira por diferentes países europeos, presentando el plan del gobierno para los ferrocarriles.
En la embajada argentina en Londres tuvo lugar un roadshow (sic) encabezado por Manuela López Menéndez, secretaria de Obras de Transporte del ministerio homónimo y una de las consejeras más cercanas al ministro Dietrich, al que asistieron empresarios británicos.
Allí, López Menéndez presentó los proyectos insignia del gobierno para el transporte público: la construcción de corredores de Metrobús en el interior del país y de la Red Expresa Regional (RER) en el área metropolitana. La inversión necesaria calculada por el gobierno, incluyendo el sector de cargas, asciende a 10.000 millones de dólares en ferrocarriles.
Según reseñó la agencia estatal Télam, ante la pregunta de los empresarios acerca de cómo se implementaría la participación del capital privado en el sector, “el equipo de López Menéndez aclaró que ya hay un proyecto de ley en el Congreso para fomentar la presencia del sector privado en la construcción y provisión de servicios públicos y de infraestructura y cuya clave es que los inversores que participen reciban una garantía de rentabilidad“.
El papel de los inversores extranjeros en el ámbito ferroviario fue también destacado por el presidente de Ferrocarriles Argentinos, Marcelo Orfila, quien días atrás había estado en Roma ante autoridades de Ferrovie dello Stato Italiane presentando junto a López Menéndez el detalle del mismo plan de inversión.
Similares conceptos fueron vertidos por funcionarios de gobierno frente a “inversores japoneses” en el marco de un seminario sobre Oportunidades de Inversión en Infraestructura y Energía realizado en la sede de la Cancillería en el Palacio San Martín.
La novedad no es tanto la participación de empresas internacionales en las obras ferroviarias –algo que nunca dejaron de hacer, inclusive durante la gestión anterior– sino en la posibilidad de que estas firmas puedas participar en la provisión de servicios con una garantía de rentabilidad, lo que implica reabrir la puerta al fracasado régimen de concesión implementado en la Argentina durante la década de 1990. Pero esa no sería la única medida inspirada en aquella década, tan penosa para el ferrocarril.
