El fiscal requirió que la empresa Metrovías y los trabajadores del subte instrumenten “el inmediato funcionamiento del servicio público de transporte de subterráneos” con la intervención de la Policía, en caso de ser necesaria.
Consultado sobre esta posibilidad, el metrodelegado Claudio Dellecarbonara pidió a los representantes de la Justicia que se enfoquen en investigar a los responsables de las irregularidades que hay en el desempeño de la empresa que tiene la concesión del subte y “no en apuntar contra los trabajadores”.
El jueves pasado el fiscal Villalba Díaz le pidió a la jueza López Vergara que ordene a la empresa y a los gremios que restituyan el servicio, en uso de sus facultades para actuar en defensa de los intereses generales de la sociedad, en el marco de una medida que tramita ante la magistrada.
Ahora el fiscal solicitó la utilización de la fuerza pública y dejó en manos de la magistrada la decisión de con qué fuerza es mejor intervenir, “ya sea la Metropolitana, la Federal o Prefectura, que son las que actúan en la ciudad de Buenos Aires”.
Además el funcionario judicial sostuvo que “no existen motivos fundados que justifiquen la extrema medida de impedir el funcionamiento del servicio”, y que el derecho de huelga “no puede ejercerse de forma abusiva” porque no es “un derecho absoluto”.
Villalba Díaz señaló que los representantes de la UTA acordaron un aumento salarial, pero los “metrodelegados”, que carecen de personería jurídica, se oponen al incremento. Esa situación lleva el conflicto a un nivel crítico ya que los trabajadores de la UTA quieren poner en funcionamiento el servicio, mientras que otros lo impiden.
