La Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo que obliga al Estado nacional y a la empresa Metrovías a adecuar los accesos de las estaciones de subtes para personas con movilidad reducida, informó ayer la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), ONG que inició la demanda. El máximo tribunal no hizo lugar a un recurso extraordinario federal que el Estado Nacional presentó tratando de frenar un fallo que obligaba a llevar a cabo las obras de adecuación de accesos en los subtes.
“En este momento, del total de estaciones que componen la red de subterráneos de Buenos Aires, menos del 20% son accesibles para personas con movilidad reducida”, sostuvo la ONG en un comunicado. Se trata de una causa en la que en junio de 2007 la entonces jueza en lo Contencioso Administrativo Federal 10, Liliana Heiland, condenó al Estado Nacional y a Metrovías para que en seis meses “provean todo lo necesario para la elaboración y aprobación de los planes de obra pendientes” en la adecuación de accesos para discapacitados.
La magistrada también obligó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte a “fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a Metrovías”. La resolución fue apelada por el Estado Nacional, pero en octubre del año pasado la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia. El Estado insistió ante la Corte Suprema, que volvió a rechazar la acción y así “las posibilidades de impedir el cumplimiento de la sentencia”, celebró la ADC.
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