El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, fue denunciado ante la Justicia Federal, junto al interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa Romero, y al ex secretario de Transporte Ferroviario, Julio Tito Montaña, por presuntas irregularidades en la concesión de ramales ferroviarios a la Unidad de Gestión Operativa de Emergencia Sociedad Anónima (UGOFE). No es la primera vez que Jaime está en la mira de la Justicia.
La denuncia fue presentada por el abogado Ricardo Monner Sans, que denunció que la Secretaría de Transporte “ha alentado la ‘cartelización’ de la actividad ferroviaria” y la existencia de “sobreprecios”, consentidos por el organismo a cargo de Jaime y la CNRT.
Para Monner Sans podrían haberse cometido los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio del Estado, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y asociación ilícita”.
La causa quedó radicada ante el juzgado federal número dos, a cargo del juez Jorge Ballestero, con intervención del fiscal Gerardo Di Massi., según informó la agencia DyN.
Monner Sans se basó, entre otros elementos, en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) para recordar que en 2004 “sin licitación y mediante contratación directa, se concesionaron ferrocarriles a Metrovías S.A., Ferrovías SAC y Trenes de Buenos Aires S.A.”.
Según el escrito, esas empresas debían quedar reunidas en el marco de la UGOFE. “Esa contratación fue por ‘plazo incierto’ (…) Dos años después y por decreto 861 se fijó tiempo: un año, a vencer el 12 de junio de 2007, con lo que lograron 3 años de emergencia permanente”, resume la denuncia.
“En algo más de dos años y medio la UGOFE ha embolsado alrededor de 200 millones de pesos, ‘salteándose’ la intervención de la SIGEN y de la AGN. La Secretaría de Transporte ha actuado alentando la ‘cartelización’ de la actividad ferroviaria. El Estado ha quedado cautivo de la UGOFE, que ha incurrido en abusos fijando precios, prioridades, recursos adicionales”, resalta el escrito.
Monner Sans destacó que la ley de la Ley 23.696 (de Reforma del Estado, sancionada en 1989) “ordena métodos que aseguren transparencia, publicidad y estímulo de la concurrencia, todo lo cual no ha ocurrido con la UGOFE”.
El abogado denunció como contradicción que “la invocada urgencia no se compadeció con la conducta frente al FC San Martín ya que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) consumió casi 6 meses para otorgar en Contratación Directa a la UGOFE”.
Monner Sans señaló que “en ese tiempo, (el PEN) hubiera podido llamar a licitación, con la particularidad de que el concesionario rescindido siguió explotando aquello para lo cual se declaró que era inepto”.
El escrito describe una presunta ejecución de gastos de $2,5 millones “que no contaban con la autorización de la Secretaría de Transporte” y que habrían sido desembolsados con “inobservancia de procedimientos adecuados en la gestión de contrataciones, que tendían a garantizar la concurrencia y la igualdad de los oferentes”.
La denuncia consigna la existencia de “sobreprecios consentidos por la CNRT y por la Secretaría de Transporte” del orden del 74,37 por ciento, “gastos en alquiler de vehículos cuando correspondía haberlos adquirido, rendición de cuentas parcial sobre importantes montos(…) irregularidades de la CNRT para establecer la razonabilidad de los presupuestos presentados por UGOFE”.
Pero además, da cuenta de supuestas irregularidades en la reparación de locomotoras y en el señalamiento de algunos sectores, y el pago de servicios de seguridad que nunca se prestaron, entre otras cuestiones.
Algunos antecedentes de Jaime
No es la primera vez que Jaime está en la mira de la Justicia. En marzo de este año, la Cámara Federal porteña ordenó profundizar la investigación sobre el rol del ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Transporte, entre otros, en la compra directa y supuestamente irregular de 15 locomotoras usadas a una firma japonesa.
Un tiempo antes, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, denunció al funcionario por presuntas irregularidades en su gestión, acusándolo de haber pagado de más por la remodelación y reconstrucción de 120 vagones del F.C. Belgrano Norte.
El beneficiario de esos pagos fue el concesionario del servicio, la empresa Ferrovías S.A. La imputación es por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La otra maniobra sospechada por la fiscalía es la contratación directa, con aparentes sobrevaluaciones, para la reparación de varias estaciones.
Esta denuncia fue presentada por el fiscal y el caso quedó a cargo del Juez Urso, que tiene en su despacho y en el cajón de su escritorio, desde hace un tiempo prolongado, otras denuncias por sobre precios que elevaron las concesionarias por reparación de estaciones, elementos de pasos a niveles, conservación y renovación de vías, en una multiplicación, para su beneficio, en que algunos casos se elevan a un 4.000%.
La denuncia del fiscal Garrido dice que la Secretaría de Transporte, a cargo del susodicho Jaime, contrató para reparar vagones de la ex Líneas Belgrano Norte (F.C. suburbano) a la misma empresa que tiene la concesión del servicio y que, además, le pagó 4.000.000 millones de pesos por gerenciar ese trabajo. Las reparaciones costaron cerca de un millón de pesos por coche, cuando las reparaciones similares han constado 800 mil por unidad.
