Tras la tragedia de Once, el gobierno de Mauricio Macri comenzó a buscar excusas para rechazar el traspaso de la concesión del Subte que había firmado y ejecutado en enero. La más lucida, quizás, fue el reclamo de concreción de obras que supuestamente debe la Nación, esto a pesar de que el gobierno nacional se había comprometido en el acta acuerdo a finalizar las que tiene en marcha. Juan Pablo Piccardo, presidente de una mermada Subterráneos de Buenos Aires, estimó la “deuda” en unos 1000 millones de dólares.
enelSubte.com se contactó con Subterráneos de Buenos Aires para obtener la lista de las obras que componen la presunta deuda del gobierno nacional. El listado de SBASE incluye tres conceptos: obras previstas en la addenda al contrato de concesión de Metrovías de 1999, obras previstas en el decreto nacional 1683/2005 de Néstor Kirchner, sobre inversión en transportes, y obras previstas en el “Plan Maestro” que trabajó Subterráneos durante la gestión de Piccardo. El monto total estimado asciende a 1323 millones de dólares. Las obras del Plan Maestro son enteramente responsabilidad de SBASE y comprenden mejoras en la estación Constitución, un loop en la línea C y la instalación de sistema de señalización ATO en la línea E. Entre las tres suman USD 195 millones, por lo que la “deuda” en obras finalmente reclamada sería de USD 1128 millones.
Vale la pena aquí hacer una aclaración legal. Aunque es políticamente atendible el planteo de Ciudad de que Nación debe realizar las obras que la concesionaria no hizo, en lo formal no está obligada de ninguna manera a hacerlo. La ley de Emergencia Económica, que incluye la Emergencia Ferroviaria, exime a los concesionarios del cumplimiento de las obras prometidas pero no por eso fuerza al Estado a realizarlas en ningún plazo establecido. Mal podría el Estado, concedente, obligarse a sí mismo a cumplir responsabilidades del concesionario. Lo que sí establece la ley es la presentación por parte de las concesionarias de programas de obras y trabajos indispensables a ser financiados por el Estado. Luego, el decreto 1683/2005 se vale de varias obras previstas en los contratos de concesión para instruir la realización de distintos trabajos por cuenta entera del Estado. Aquí tampoco hay obligación legal del gobierno nacional hacia la Ciudad. Si todas las obras se hubieran ejecutado de seguro la situación del Subte sería hoy mejor, pero en todo caso se trataba de una inversión nacional que hubiera sido un beneficio sin costo para el patrimonio de SBASE.
En concreto, sobre el subte el decreto plantea incorporación de 16 coches Alstom; incorporación de 36 coches usados para la línea B; remodelación de 64 coches GEE; reconstrucción y reconversión de 85 coches Siemens; construcción del Taller Central Mariano Acosta; renovación del Nodo 9 de Julio; alumbrado de emergencia en las líneas B, C, D y E; renovación del sistema de ventilación en las líneas B, C y D; adecuación de estaciones para personas con movilidad reducida; reemplazo de escaleras mecánicas; obras en la cocheras Pavón, Lima y San Martín; instalación de ATP en la línea C; control de las líneas C y D desde el PCO; incorporación de ATP en cuatro coches Nagoya; extensión de la línea E; renovación de vías en tramos faltantes de la línea D; y renovación de vías de la línea E.
¿Qué se cumplió de aquello? La renovación de los coches GEE y Siemens, obra en marcha por muy demorada que se encuentre; la construcción del Taller Central Mariano Acosta, igualmente demorada por un error de construcción de Roggio en el túnel de acceso; la incorporación de los Alstom faltantes; la renovación del Nodo 9 de Julio; reemplazo de escaleras mecánicas (parcial); incorporación de la línea D al PCO; extensión de la línea E, obra en marcha; concreción de la renovación de vías en la línea D. ¿Qué obras “se debe a sí misma” Nación del decreto de 2005? Alumbrado de emergencia, renovación del sistema de ventilación, adecuación de estaciones, obras en cocheras, y fundamentalmente la compra de coches para la línea B, instalación de ATP en la línea C y la renovación de vías en la línea E. Según calcula SBASE, el total de esas intervenciones sería de alrededor de 180 millones de dólares. Adicionalmente, Nación realizó por fuera del decreto 1683 algunas obras previstas en la addenda de 1999, como la cochera Manuela Pedraza, la compra de coches para la línea A o la renovación integral de esta misma línea.
Ahora bien, ¿qué es lo que reclama SBASE? Primero vale aclarar que el total de 1128 millones de dólares comprende obras que la propia empresa considera “en curso”: coches para la línea A, modernización de la línea, compra de coches para la línea B (aunque por cuenta de SBASE), la cochera Manuela Pedraza, la incorporación de los Alstom; la extensión de la línea E; y la remodelación de los coches GEE y Siemens. En total, suman USD 658 millones. Descontado del total, resulta que las obras “exigibles” por la Ciudad a Nación quedan en el orden de los 480 millones de dólares. Debe notarse que varias de las obras que SBASE califica como “en curso” se encuentran finalizadas desde hace años (renovación D, coches Alstom), mientras que en otras sí cabe exigir que Nación honre su compromiso de completar los trabajos (renovación coches GEE y Siemens, extensión línea E).
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Hay algo más en la lista de SBASE, sin embargo, y es que califica como “no iniciadas” obras en curso o completadas. Es el caso de la inclusión de la línea D en el PCO, la construcción del Taller Central Mariano Acosta y las obras en el Nodo 9 de Julio. Suman unos 120 millones de dólares, por lo que la deuda “exigible” obras nunca realizadas por la Nación sería entonces de alrededor de apenas USD 360 millones, mucho menos de la mitad de lo que reclama Piccardo. Eso, considerando como deuda del gobierno nacional incluso las obras nunca realizadas por Metrovías en virtud de la Emergencia Ferroviaria. En lo que respecta sólo a las obras del decreto 1683, la “deuda” exigible es de USD 123 millones, la décima parte de lo reclamado por el gobierno de Macri. Se trata de las obras de ventilación, cocheras, señales de la línea C e incorporación al PCO, y adecuación de estaciones para personas con movilidad reducida.
La categoría “Seguridad”, la supuesta preocupación del GCBA que justifica eludir hacerse cargo del servicio, tiene un total de siete obras listadas. Cinco están finalizadas o en ejecución, dos pendientes. Son el nuevo sistema de señales en la línea C y la renovación de vías de la línea E. Son, con probabilidad, las obras más urgentes.
En general, el listado de Subterráneos de Buenos Aires destaca por su improvisación y la falta de precisión sobre el estado de cada una de las obras reclamadas, en lo que no es sino un reflejo de la situación en que el gobierno de Macri sumió a una empresa que años atrás destacaba por su profesionalismo. Llega al extremo de considerar “no iniciada” la obra en el Nodo 9 de Julio, completada en 2006, porque confunde el compromiso cumplido de Nación con la iniciativa de Piccardo de construir túneles adicionales que vinculen directamente a la estación Diagonal Norte con el nodo combinatorio, sin pasar por la estación 9 de Julio. Pero esa es sólo una buena idea, en ningún caso un compromiso que figure en la addenda o en el decreto. También son notables las inconsistencias y disparidades en el costo de las distintas obras, aunque se optó por tomar los valores tal cual los estima SBASE.
En conclusión, considerando que las obras en curso se completen, Nación tiene una “deuda moral” con la Ciudad que va de unos 400 a 100 millones de dólares en obras, pero que de ningún modo es una obligación legal o una excusa válida para rechazar la responsabilidad que le cabe sobre el Subte al gobierno de Macri, no sólo por el acta acuerdo sino por su compromiso con los ciudadanos de Buenos Aires. Reclama coches nuevos y es el mismo GCBA el que afectó los octogenarios Siemens a la línea H. El gobierno de la Ciudad deja pasar la oportunidad de hacerse cargo de las obras que el Subte requiere con su propio presupuesto (como se ve, las obras “adeudadas” son abordables) y demostrar su propia iniciativa en lugar de denunciar la incapacidad de otros, mientras especula tristemente con la posibilidad un accidente.
Obras reclamadas por Ciudad a Nación – Traspaso 2012 (documento de SBASE)