Paros, bloqueo de vías, elecciones impugnadas, denuncias judiciales sobre, patotas, sabotajes e incendios de coches. Durante los últimos años, el Subte ha sido escenario de un largo conflicto sindical que reconoce, en principio, dos grandes agrupamientos: la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por un lado y los (ex) delegados de base del sindicato o Metrodelegados por el otro. Los origenes exactos del conflicto no son sencillos de rastrear, pero pueden remontarse a la ruptura del predominio peronista en la política subterránea. En las elecciones de delegados de base de la UTA del año 2000 resultó electa una cantidad importante de trabajadores relativamente nuevos, muchos posteriores a la concesión de la red, con militancia en partidos de izquierda –fundamentalmente del PTS, MST y MAS–. No tardaron en enemistarse con la conducción nacional del sindicato, alineada con la CGT y controlada numéricamente por representantes del transporte automotor.
El 23 de noviembre de 2000 los trabajadores del subte habían hecho una huelga que paralizó el tránsito en la Ciudad. A las 23 horas, para sorpresa de los pocos empleados que quedaban en la red preparando todo para iniciar el servicio a la mañana siguiente, una formación La Brugeoise que se encontraba detenida en la via 1 de Primera Junta se incendió en forma repentina dañando varios coches, algunos en forma irreparable. El entonces jefe de Gobierno Aníbal Ibarra se dirigió a la estación para evaluar los daños y admitió ante la prensa la posibilidad de que se tratara de un sabotaje. No obstante, nunca se conocieron los resultados de las pericias. Se abonaron así los rumores que dicen que el incendio se produjo por la detonación de bombas incendiarias colocadas por alguna de las facciones enfrentadas. No habría nuevas denuncias de sabotaje hasta el reciente incendio de coches de la línea D.
Luego, el conflicto intrasindical quedó en alguna medida reducido por la crisis económica. La lucha por la preservación del salario, del empleo y por la devolución de conquistas laborales que la concesión había hecho retroceder, como la insalubridad y la jornada de seis horas, fueron los ejes centrales del reclamo. Al satisfacerse estas demandas reaparecieron viejas internas. Los entonces delegados de base de la UTA comenzaron a hacer públicas las disidencias que sostenían con la cúpula sindical, dominada por representantes del transporte automotor de pasajeros, a quien acusaban de actuar en complicidad con Metrovías en perjuicio de sus reclamos.
En numerosas ocasiones se negaron a aceptar los resultados de las negociaciones salariales desarrolladas entre el sindicato y Metrovías, recurriendo como característica metodológica al paro total y en ocasiones sorpresivo. Los delegados crearon para la difusión de sus iniciativas el sitio web Metrodelegados, que terminó dando nombre al grupo. En 2007 se sumaron denuncias por falta de mantenimiento, que desembocaron en varias huelgas y en una feroz pelea mediática con la concesionaria, la UTA y el gobierno nacional cuando faltaban pocos meses para la cuestionada inauguración de la línea H con los trenes Siemens O&K de 1934 y su entrega a Metrovías por parte del gobierno porteño en “concesión precaria” por tres años, sin mediar proceso licitatorio alguno.
El enfrentamiento pasó a un nuevo estadio cuando el 2 de septiembre de 2008 los delegados de izquierda fundaron la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), que busca el reconocimiento de la personería gremial. Los Metrodelegados (Claudio Dellecarbonara de la B, Néstor Segovia de la C y Roberto Pianelli de la E son los más conocidos) impugnaron los comicios convocados por la UTA para el 5 de diciembre argumentando que eran “truchos”. Paralelamente, el sindicato llevó adelante las elecciones con una concurrencia estimada oficialmentre entre el 45 y el 60% del padrón, donde resultaron vencedores nuevos delegados alineados con la conducción nacional. Entonces los Metrodelegados pasaron a ser ex delegados y se deslindaron completamente del gremio al que hasta hace pocos meses declaraban pertenecer. Según ellos, en la elección “trucha” donde su línea política fue derrotada sólo votó entre un 5 y un 10% de los inscriptos.
Votaron al interior de su nueva asociación un paro de actividades, concretado el dia 12 de diciembre. El 5 de febrero de 2009, ya habiendo presentado la documentación para ser reconocidos por el Ministerio de Trabajo, convocaron a un plebiscito para consultar acerca de la formación de un nuevo sindicato. A poco de comenzar la votación en la estación Congreso de Tucumán de la línea D, los Metrodelegados denunciaron la irrupción de una “patota” de la UTA, que impulsó a las bases a declararse en huelga durante cuatro horas en repudio a lo ocurrido. Al dia siguente, la red amaneció con una fuerte presencia policial para impedir nuevos hechos de violencia. No obstante, el 13 de febrero el plebiscito organizado por los militantes de izquierda concluyó con más de un 90% a favor de la creación de la AGTSyP, según la información suministrada por los ex delegados organizadores del plebiscito.
La AGTSyP posee personería jurídica, que le otorga legitimidad para representar a los trabajadores en forma individual, no colectiva. El trámite para la personería gremial, en tanto, se encuentra largamente demorado en el Ministerio de Trabajo. Según Página/12, la AGTSyP cuenta con 1.600 afiliados sobre un total de 2600 empleados, por lo que cumpliría con el requisito de ser la asociación mayoritaria en el sector en el que se desempeñará como sindicato. De acuerdo a la ley, la cartera laboral tiene noventa días para otorgar la personería gremial, que le permitiría ser reconocida como la única agrupación sindical del subte, participar en las negociaciones paritarias, cobrar cuotas sindicales, aportes patronales y de obras sociales, entre otros. Al momento de redactado este informe, la mora del Ministerio lleva ya 204 días. Aquí está la principal razón de los paros de subtes y aperturas de molinetes que se vivieron durante septiembre, además del reclamo por un aumento salarial mayor al 21% que el que la UTA ya acordó con Metrovías.
Estas no fueron las únicas acciones que tomaron los Metrodelegados para presionar por una salida a su favor en este conflicto. Una vez transcurrido el plazo estipulado por la ley para la inscripción del nuevo sindicato, se presentaron a la Justicia para denunciar al Ministerio de Trabajo por la “mora administrativa”. El juez de primera instancia falló a favor de los disidentes, aunque el Ministerio apeló días más tarde. Sin embargo, el fallo de Cámara confirmó lo dictaminado originalmente: según informó el ministro Tomada a los Metrodelegados dias antes del paro del 5 de noviembre último, la cartera a su cargo no llevaría el caso ante la Corte Suprema de Justicia. No obstante, la via judicial no siempre es favorable a los disidentes. Por cada huelga o acción de protesta llevada a cabo, Metrovías presentó sendas denuncias penales. En total, trece causas se están tramitando en juzgados de primera instancia en contra de los delegados rebeldes, a las que se suma una nueva por el paro del 5 de noviembre.
Mientras tanto, la paciencia de la política hacia el reclamo sindical comenzó a agotarse, sobre todo a partir del llamado a un paro por 24 horas para mañana. En medio de una situación social tensa, con reclamos y cortes de calles diarios en la Capital y sus accesos, el Gobierno quiere resolver el conflicto sindical en el subte cuanto antes. El motivo principal para esta urgencia está en que la UTA es uno de los gremios más fieles a Hugo Moyano, líder de la CGT y firme aliado y condicionante del Gobierno. Según trascendió en los últimos días, la UTA y la CGT habrían advertido al ministro Tomada que, de otorgársele la personeria gremial a la AGTSyP, iniciarían masivas huelgas de transportes en todo el país. Para comprender el verdadero impacto que tendrían estas acciones, basta con recordar que el 80% del Producto Bruto Interno de la Argentina se transporta en camiones, mientras que en el transporte local el subterráneo sólo traslada al 12% de los pasajeros. Es por esto que, a pesar de que el ministro Tomada haya confesado por lo bajo que corresponde otorgar la personería a la AGTSyP, el Gobierno no se atreva a tomar una determinación que lo enfrente con el enorme poder que le otorgó a Moyano en los últimos seis años.
¿Cerca de un final?
El 21 de septiembre, dos coches Fiat Materfer de la línea D se incendiaron en la cochera Pedraza mientras los preparaban para entrar en servicio. El fuego se originó en un remolque que, según explicaron los Metrodelegados, no posee equipamientos eléctricos relevantes que manejen el voltaje necesario para mover el tren, por lo que las probabilidades de que un cortocircuito haya originado el siniestro son prácticamente nulas. Además, afirmaron haber detectado hechos de sabotaje en otros coches: una manguera cortada en una formación Alstom estacionada en la vía contigua y cables seccionados con un alicate en un coche Materfer ubicado en el Taller Canning. Metrovías recién admitió que se trataba de un sabotaje el 30 de septiembre, divulgando también que la Justicia investigaba los hechos. La concesionaria había hablado hablado el dia 21, en un primer momento, de un “principio de incendio” provocado por un “cortocircuito”.
A partir de este incidente, la situación en el Subte dista de regresar pronto a la normalidad. Desde el dia 23 de septiembre, los trabajadores de la línea A que responden a la AGTSyP cortaron seis veces las vías entre Primera Junta y Puan: un trabajador de la C, que responde a la UTA, estaría realizando un curso de ascenso a guarda para cubrir una vacante en la línea A. De acuerdo a la versión entregada por los sindicalistas, esto se trata de una violación al mecanismo de ascensos acordado con la empresa oportunamente, que no respetaría ni la antigüedad ni la pertenencia geográfica de los trabajadores a la hora de determinar los ascensos. Desde la empresa dijeron que “estos hechos ponen en evidencia y validan que este grupo de ex delegados no tiene límites para alcanzar su objetivo político y no respeta los principios de libertad y participación que dice pregonar”.
El 1 de octubre, en el marco del conflicto laboral de la empresa Kraft y del pedido de la Presidenta de la Nación de no realizar cortes que afecten la circulación de personas y bienes, la Gendarmería procedió a ocupar los andenes de la estación Primera Junta, en donde los trabajadores vinculados a los Metrodelegados se encontraban reunidos en asamblea. La presencia de los efectivos pertrechados con elementos antidisturbios creó una situación tensa en el lugar, tras lo cual los trabajadores decidieron permitir la circulación de los trenes hasta Carabobo para evitar incidentes.
A partir del inicio de la fase actual del conflicto, enelSubte.com dialogó con numerosos trabajadores del Subte. Desde los boleteros hasta los conductores, todos repiten que “hay olor a podrido” bajo tierra: por un lado, se denuncia la presencia de “patotas” de la UTA que recorren la red en forma intimidatoria. Por el otro, existen las presiones de los ex delegados para realizar un paro de actividades, quienes han recurrido en varias ocasiones a tirarse a las vías para impedir el movimiento de trenes, una medida que no precisa de mayores niveles de adhesión para ser efectiva. Dada la invitación de la cartera laboral a una reunión para solucionar el conflicto, que se llevó a cabo el 1 de octubre a las 19:30 horas, la AGTSyP decidió suspender el paro hasta que no se conozcan novedades de dicho encuentro. La “falta de respuesta” del Ministerio los “obligó” a tomar una medida de fuerza dias más tarde, a la que se sumó el paro por 11 horas del pasado jueves tras una fracasada nueva ronda de negociaciones, y uno de 24 horas para mañana en repudio a las agresiones sufridas por la familia de Néstor Segovia en su domicilio en la mañana del viernes 6. Es muy probable que esta huelga se extienda por “tiempo indeterminado”, como ocurrió en febrero de 2006 cuando peleaban por aumentos salariales.
Una vez que se conoció la modalidad de protesta que encararán los Metrodelegados a partir de mañana, no tardaron en llegar las críticas desde la UTA, la CGT, Metrovías y algunos miembros del Gabinete. Todos coinciden en el mismo diagnóstico: los paros persiguen un objetivo político. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) tomó una acción inédita: intimó a Metrovías a brindar un servicio de emergencia durante la huelga. La empresa se defendió argumentando que los disidentes se atrincheran en las cabinas de conducción o se sientan en las vías y andenes para evitar el movimiento de formaciones. En el dia de hoy, se conoció la resolución 1024 de la secretaría de Transporte que declara al subte como un “servicio esencial básico”. Esto significa que tanto Metrovías como los trabajadores están obligados a prestar un servicio de emergencia durante una medida de fuerza, tal como ocurre en el sector Salud con las guardias mínimas. Tal es el temor de Metrovías de transformarse en un nuevo Kraft que Aldo Roggio, presidente del grupo económico homónimo dueño del 90% de las acciones de la concesionaria, expresó en un comunicado su preocupación por el conflicto y ratificó la alineación de la empresa con la posición defendida por la UTA, la CGT y el Gobierno Nacional.
En una nota enviada a la CNRT, la empresa informó que ya tiene preparado un cronograma de emergencia. En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), Lucila Maldonado, gerente de Relaciones Institucionales de la concesionaria, explicó que este esquema será provisto con personal jerárquico ya que estos poseen licencia habilitante luego de haber transitado por los escalafones de boletero, guarda y conductor. Sin embargo, Segovia manifestó que el personal jerárquico no tiene la habilitación para conducir las formaciones. Además, aclaró que los huelguistas “no le vamos a permitir (conducir los subtes) a personas ajenas al convenio y, aparte, no capacitadas para manejar”. Roberto Fernández, titular de la UTA, pidió “que la empresa ponga los coches, que nosotros vamos a trabajar normalmente”. Además, calificó el paro como “una provocación de un grupo de trasnochados”.
