La diputada nacional Elisa Carrió presentó un proyecto para derogar la ley de Emergencia Económica. Esta norma fue sancionada en enero de 2002 a pedido del gobierno de Eduardo Duhalde para contar con instrumentos ágiles para reorganizar la economía en plena crisis y devaluación. Mediante este instrumento, el Congreso delega un buen número de facultades en el Poder Ejecutivo que le permiten, por ejemplo, renegociar los contratos con las empresas de servicios públicos, regular sus tarifas y realizar adquisiciones de insumos en forma directa (como los recientes acuerdos ferroviarios con China) sin necesidad de contar con una ley aprobada por el Congreso. De los 64 contratos que debían renegociarse, aún quedan 29 pendientes. Entre ellos están los de las compañías telefónicas
“Esta ley concede facultades extraordinarias en [el ministro de Planificación] Julio De Vido para renegociar contratos, que ha sido la matriz de corrupción de este gobierno. Por eso, hay que revocárselos”, dijo Carrió y enfatizó que “es necesario ordenar el país sin facultades de emergencia”. El proyecto también cuenta con las firmas de los diputados Oscar Aguad, jefe de la bancada de la UCR, Felipe Solá (PJ Federal) y Gabriela Michetti (PRO). En el mismo sentido se expresaron Aguad y Solá: “siempre hemos sido críticos acérrimos de la prórroga de la emergencia económica y de la renegociación de los contratos por parte del Gobierno. Debemos terminar con el uso discrecional de estas facultades”, manifestó Aguad. El proyecto de Carrió se superpone con otra iniciativa opositora que promete poner en jaque el armado financiero del gobierno: el 24 de agosto, vence la delegación de la facultad legislativa para fijar las retenciones agropecuarias.
Desde el oficialismo ya anticiparon su oposición a la iniciativa. Agustín Rossi, jefe de la bancada del Frente para la Victoria, reaccionó indignado. “Es una barbaridad. Esta ley es una herramienta que el Gobierno utiliza para gestionar. Son unos irresponsables”. Rossi no descartó que la iniciativa sea vetada por la Presidente en caso de prosperar. De acuerdo al dictado original de la ley de Emergencia, esta debía expirar al cabo de un año de su aprobación. Sin embargo, los sucesivos gobiernos pidieron su prórroga año tras año a pesar de las sustanciales mejoras de la situación social y el crecimiento “a tasas chinas”. La ley fue prorrogada por última vez en noviembre de 2009, pocos días antes de que el recambio legislativo dejara sin efecto la mayoría ostentada por el kirchnerismo en ambas cámaras. Esta vez, se postergó su vencimiento para diciembre de 2011, fecha en la que finalizará el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
