Legisladores porteños de la oposición, encabezados por Eduardo Epszteyn, evalúan si presentarán una denuncia ante la Justicia contra el Gobierno porteño por una deuda de tres millones de pesos perdonada a la empresa francesa Alstom. La controversia surgió luego de que la ONG “Salvemos al Subte”, encabezada por el ex director de SBASE Alejandro Franco, se contactara con Epszteyn, Abrevaya y Hourest para poner en su conocimiento detalles de esta medida de gobierno.
En noviembre de 2009, Alejandro Franco explicó a enelSubte.com que el 1 de noviembre de 2007, la Dirección de Obras e Instalaciones Fijas de SBASE decidió aplicar una multa de $3.046.739,20, con anuencia de la Secretaría Legal y Técnica y la Auditoría General de la Ciudad, a la contratista Alstom por las demoras en la instalación del sistema de señales ATP en el tramo Puán – Carabobo de la línea A. Estos retrasos, sumados a aquellos registrados en la instalación del nuevo sistema en el tramo histórico de la línea A, retrasaron en varias oportunidades la inauguración del primer tramo de la extensión, hecho que finalmente se produjo el 23 de diciembre de 2008. En los primeros días de operación de la línea extendida, era común escuchar por los altoparlantes que podrían presentarse demoras producidas por la instalación del ATP.
Franco luego dijo que “los mismos Jorge Irigoin, entonces presidente del organismo estatal, y el secretario Legal, Carlos Laurito, firmaron el acta de directorio 894 en marzo de 2008 notificando a la empresa Alstom la aplicación de la multa”. Sin embargo, el 19 de agosto de 2008 Irigoin, con la firma de los abogados Alberto Gowland y Juan Francisco Freire Aurich, perdonaron la deuda a la empresa francesa y decidieron pagarle los certificados 9 y 10 de la obra, que habían caducado por mora de la contratista. Además, le reconocieron “gastos improductivos” por un total $ 1.200.067,85, además de $ 2.034.948,91 por permanencia en obra y un agregado de U$S 709.003,39. Asimismo, se le reconoció un presupuesto adicional de $ 395.509,37 y de U$S 540.698,93, así como una cotización adicional por un valor de U$S 385.862,40. Todo eso suma alrededor de $ 6.680.000. Finalmente, se determinó en el acta acuerdo “que si al momento de realizarse el relevamiento de las vías y una vez que estén montada se determinare algún tipo de diferencia con los datos de entrada aportados oportunamente por SBASE, éste reconocerá a favor de Alstom cualquier diferencia económica debidamente acreditada o prórroga de plazos que pudiere existir”.
La denuncia
El legislador Epszteyn contó que “nosotros le hemos pedido explicación de toda esta información primero a Jorge Irigoin, después a su segundo presidente y, finalmente, se las pedimos a Daniel Chain cuando vino a discutir cuando el presupuesto” “Nunca nos dieron ninguna explicación, con lo cual estamos preparando todo un informe acerca del Subte para hacer una denuncia”.
El legislador consideró que “hay una responsabilidad evidente por parte de los sucesivos directorios de Subterráneos de Buenos Aires y, esta altura, el que tienen que dar las explicaciones es el ministro Daniel Chain”. El año pasado también se puso en conocimiento del caso al director Legal y Técnico del ministerio de Desarrollo Urbano, Cristian Fernández. Sin embargo, hasta el día de hoy no hubo respuesta. Por su parte, Franco declaró que “esto es un delito hecho y derecho, un arreglo que se hizo con el contratista en base al cual se le aplicaba una multa que alguien dio vuelta”. Para el abogado, “no se corresponde esa condonación de la deuda con todo el trámite administrativo y además no lo apoyó ni lo rubricó nadie. Lo único que aparece es la firma de un presidente que ya no está, pero SBASE sigue ahí, no se pidió ningún tipo de explicación, no hubo una auditoría y sobre todo no hay una investigación respecto a la actuación de todo el personal”.
Franco corroboró que esta renegociación fue realizada sin la planta permanente y con la firma de personal transitorio y la anuencia de los doctores Alberto Gowland y Juan Francisco Freire Aurich como delegados de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la Procuración porteña negó tener algo que ver “con esa gente” y ratificó que ellos “nunca convalidaron nada”. El ex director de SBASE, que renunció en 2007 tras presentar un amparo para impedir que se inaugurara la línea H con coches mal mantenidos, anticipó que está investigando casos similares ocurridos con las empresas Siemens, Emapa y Calcaterra, propiedad esta último del sobrino de Macri, Angelo Calcaterra.
