Semanas atrás, en Chile, causó un importante revuelo y debate público una columna de opinión publicada en el diario La Tercera, autoría del ing. Juan Carlos Muñoz, miembro del Directorio del Metro de Santiago, y del ing. Lorenzo Cerda. ¿La razón? La columna presentaba una idea sencilla pero revolucionaria: que el transporte público en la capital chilena fuese de uso gratuito.
Específicamente, la propuesta de Muñoz y Cerda consistía en “financiar a través de una carga en las liquidaciones de sueldo de los trabajadores empleados en Santiago” el sistema de transporte (Metro y buses del Transantiago). Esto implicaría que el sistema se sostenga con un aporte estatal del 45% -cifra cercana a los subsidios que el fisco aporta en la actualidad para sostener la tarifa- mientras que el restante 55% se cubriría entre empleado y empleador por partes iguales.
“El costo de Transantiago (buses y Metro) es aproximadamente US$ 1.480 millones anuales. Si consideramos que aproximadamente dos millones de personas trabajan en Santiago con un contrato formal, se necesita sólo un aporte de US$ 60 mensuales por cada uno […] Parecería correcto incluir también al 10% de trabajadores independientes, quienes podrían hacer su aporte al momento de hacer sus retenciones”, explican.
Según fundamentan los autores, “un esquema como éste produciría un fuerte incentivo a desplazarse en transporte público, erradicaría (de raíz) la evasión [que constituye un serio problema en Santiago, donde alcanza al 28% en buses] [y] volvería innecesarios los costos asociados al cobro y fiscalización. Es decir ya no necesitaríamos red de recarga, tarjetas, torniquetes y fiscalizadores”. Asimismo, añaden, “la detención de los buses se agilizaría pues los usuarios podrían ingresar y salir por todas las puertas simultáneamente en cada paradero, aumentando la productividad de los buses y reduciendo los tiempos de viaje”.
Los autores reconocen que la propuesta es “un punto inicial de discusión” y es perfectible, abriéndose a otras posibles fuentes de financiamiento, entre las que sugieren: un impuesto específico equivalente a un peso argentino por cada litro de combustible vendido en la capital, que permitiría no sólo financiar el sistema sino también desalentar el uso del automóvil particular, un incremento de un punto en el IVA en Santiago (que en Chile es del 19%), o bien el cobro de un adicional en las boletas de electricidad de la región metropolitana.
La propuesta se inspira en la única ciudad de tamaño relativamente importante que ha implementado una medida en este sentido: Tallinn, capital de la República de Estonia habitada por más de 435.000 personas, que ofrece transporte público completamente grauito para quienes residan en la ciudad. No obstante, los turistas y no residentes en Tallinn deben abonar su pasaje.
La gratuidad alcanza a los buses urbanos, tranvías y trolebuses; para abordar los trenes suburbanos y autobuses interurbanos debe abonarse tarifa en todos los casos.
Esta medida produjo, desde su entrada en vigencia en 2013, un 14% de aumento en los viajes de transporte público, a la par que un 14% de reducción en el tráfico vehicular.
