El Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1 elevará a juicio oral una causa contra una organización que vendía facturas apócrifas a empresas y hasta al Congreso de la Nación. La fiscal María del Carmen Rogliano sospecha que estas facturas se habrían usado para montar una contabilidad paralela para evadir impuestos a gran escala, por lo que firmó el dictámen para que la causa vaya a juicio oral.
Según se informa en una nota del periodista Hugo Alconada Mon del diario La Nación, el principal imputado es Roberto Gustavo Viazzo, a quien se identificó como líder de la organización. Sin embargo, no podrá ser enjuiciado en esta oportunidad por encontrarse prófugo. Sin embargo, en el banquillo de los acusados se sentarán algunos de los colaboradores de Viazzo, quienes se encuentran comprometidos luego de que las empresas que compraron las facturas apócrifas admitieran su falsedad aunque no aclararon si las adquirieron sólo para evadir impuestos o para esconder el pago de coimas, como sospechan en los Tribunales.
Entre las empresas involucradas, la Justicia identificó no sólo a Metrovías (grupo Roggio) sino también a TEBA -concesionario de la Terminal de Ómnibus de Buenos Aires e imputada en una causa por dádivas que involucra a Ricardo Jaime-. También, Ledesma, Gotti y Palma -a las que vinculan con Lázaro Báez-, OCA, Casino de Buenos Aires (bajo control español antes del ingreso del empresario patagónico Cristóbal López), Boldt, Southern Winds (aerolínea que colapsó tras el hallazgo de cocaína en valijas enviadas a España), Atanor, Ciccone Calcográfica, los bancos de San Juan y Columbia y varias cerealeras poco conocidas. También, Siemens, Disco, Coto y Conarpesa (una de las principales aportantes a la campaña kirchnerista). Otro cliente de la banda de Viazzo fue el Estado, desde algunos municipios hasta el mismísimo Congreso Nacional.
Ante la consulta del diario La Nación, algunas empresas optaron por no hacer declaraciones. No obstante, las que hablaron coincidieron en señalar que ya se acogieron a una moratoria por 615 millones de pesos y que consideran al asunto “cerrado”, sin indicar razones por las que compraron las facturas apócrifas. Y aunque el monto que debieron abonar es elevado, las empresas lograron algo más relevante: evitaron la persecución penal, que contó con el apoyo de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), a cargo de Mariano Borinsky.
Para hacer frente a los pedidos de sus “clientes”, Viazzo montó junto con su mujer, Silvia Noemí Hernández, una vasta red que abarcó testaferros, empleados, socios y proveedores de sociedades y facturas falsas -conocidas como “usinas” o “panaderías”-. En total, más de 30 personas a las que se sumaron varios intermediarios con acceso a círculos de alto nivel que les aportaban nuevos y poderosos clientes. Entre esos intermediarios descolló el contador Diego Evaristo Díaz Bonilla, alguien que exudaba tanto poder que cuando llamaba a las oficinas de Viazzo llamaba el mismísimo “Dios”, según relató una de las secretarias del “panadero”, Mirta Mabel Rossi. Diaz Bonilla, según reconstruyó La Nación, aparece mencionado en otros casos que involucran facturas apócrifas como el caso Di Biase o Skanska. En esta última figura como proveedor de Inargind SA, una de las 23 firmas que le entregaron recibos falsos a la empresa sueca para esconder sobornos pagados en la obra pública. En su caso, al menos cuatro remitos por 572.000 pesos.
