Entre fines de octubre y principios de noviembre de 1977 el Subte de Buenos Aires fue al paro. Se trató de una de las huelgas más importantes y prolongadas que tuvieron lugar durante la dictadura cívico-militar y una de las menos estudiadas a la fecha.
De acuerdo con el historiador Andrés Carminati, durante octubre/noviembre de 1977 tuvo lugar la tercera oleada de conflictividad laboral de los primeros años del régimen, que “alcanzó por momentos una dimensión nacional”.
Si bien fueron varios los sectores que pararon en aquella oportunidad (luz y fuerza, bancarios, portuarios y aeronáuticos, entre otros), el conflicto en el Subte se desató como una consecuencia directa del paro ferroviario. En ambos casos, era por reivindicaciones salariales.
El paro de Subte, que se extendió durante casi una semana, fue caracterizado por la prensa internacional como “el mayor reto a Videla” y “el más serio desafío laboral al gobierno militar desde su instalación”, tal como lo llamó el diario El Sol de México, a la vez que una “exteriorización del sordo malestar que se advierte en los medios obreros contra la política económica del gobierno”.
La huelga ferroviaria se había desatado el jueves 27 de octubre en la línea Roca. Si bien había sido convocada por los señaleros de ASFA, rápidamente se sumaron La Fraternidad y la Unión Ferroviaria. Al día siguiente, el viernes 28, las medidas de fuerza se extendieron al Mitre, al San Martín, al Urquiza y a Subterráneos de Buenos Aires.
El gobierno militar, presuroso por restablecer el orden, entabló negociaciones con los ferroviarios, que buscaban un incremento salarial, logrando una normalización parcial de los servicios para el domingo 30 de octubre. Ese mismo día, un editorial del Ejército replicado por varios medios se ufanaba del “diálogo” desarrollado con los trabajadores, que “desean ser escuchados en la transmisión de inquietudes a las autoridades con vistas a la obtención de mejoras salariales”.
En el Subte, en cambio, el conflicto se complicó. El gobierno intimó a los huelguistas de SBA a deponer la medida y amenazó con la aplicación de la temida Ley de Seguridad y de la ley 21.400/76, que dejaba cesantes sin indemnización a quienes pararan durante la vigencia del estado de sitio y penaba con uno a seis años de prisión a quienes se involucraran en medidas de fuerza. El lunes 31 por la mañana el servicio comenzaba a normalizarse, pero a las 8:30 súbitamente se interrumpió.
El martes 1° llegó el acuerdo para los ferroviarios: aumentos salariales de entre 34% y 43% e incrementos en las asignaciones familiares. Los gremios ferroviarios, no satisfechos del todo, sometieron el arreglo a las bases. La situación fue de incertidumbre: algunas líneas volvieron al paro y otras funcionaron, aunque no con toda normalidad. El conflicto terminó recién el jueves 3, con la normalización total de todo el transporte ferroviario.
En el Subte las cosas eran bien distintas. Si bien el conflicto había comenzado por un reclamo salarial, recrudeció tras la detención ilegal de dos trabajadores. La prensa de la época recogió la denuncia, aunque no hubo confirmación alguna del hecho por parte de las autoridades. Los gremialistas exigieron entonces la liberación de sus compañeros: así lo recogía el diario Clarín en su edición del 2 de noviembre: “Los trabajadores de los subterráneos han puesto como condición para continuar con la prestación del servicio, la liberación de dos dirigentes que habrían desaparecido”.
Mientras los ferroviarios obtenían el incremento salarial, los Subtes seguían paralizados. SBA intentó implementar un diagrama de emergencia con personal jerárquico a partir del miércoles 2, con escaso éxito. El retorno del personal a sus tareas habituales se dio recién en la jornada del jueves 3 de noviembre, pero la normalización no se alcanzó del todo hasta el día siguiente, ocho días después de iniciado el conflicto.
A pesar de tratarse de prolongados e importantes conflictos, que coincidieron con los años más represivos del “Proceso”, las huelgas de este período todavía no han sido estudiadas con profundidad por la historiografía, mucho menos que las ya míticas huelgas ferroviarias de 1961 y 1991, por caso.
A lo largo de la última dictadura cívico-militar, desaparecieron al menos cinco trabajadores del Subte: Daniel Bonifacio Chanampa, Luis Enrique Cabrera, Juan Carlos Correa, Federico Otin Beconi y José Martín Mendoza. En un acto de “reparación histórica” gestionado por la Asociación de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) ante Metrovías, familiares de dos de ellos ingresaron a trabajar en el Subte en 2011.
