El mismo día de los incidentes en Primera Junta de la Línea A, donde los pasajeros demostraron nuevamente que se viaja peor que nunca, la Cámara de Diputados postergó el tratamiento de la Ley de Reordenamiento Ferroviario.
La medida se tomó por el “gran ausentismo” de los legisladores, lo cual produciría una falta de quórum en caso de que se tenga que votar.
La propuesta, enviada por el Gobierno Nacional, consiste en crear una Entidad Tripartita de Transportes, conformada por el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y el Gobierno de la Ciudad; algo que en todos los países avanzados en temas de transportes, ya fue puesto en funcionamiento, debido a que el control de los transportes públicos que atraviesan fronteras como es el caso de la Ciudad y la Provincia, pasa a ser incontrolable si estos dependen de distintas jurisdicciones sin conformar una entidad central de control.
En el caso de esta Ley, ahora postergada por algunos días, se propone además crear una Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, la cual deberá prestar los servicios de transporte ferroviario tanto de cargas como de pasajeros, incluyendo el mantenimiento del material rodante.
Esta sociedad tendría, además, como integrantes a los actuales concesionarios de todas las líneas férreas de transporte de pasajeros actuales, más el Estado Nacional como participante.
Pese a que para cuando la ley se aplique -en caso de ser tratada y posteriormente aprobada- los subtes ya dependerían de la Ciudad, tal como lo reclaman los porteños hace 10 años, las decisiones y los análisis técnicos de la red podrán provenir de esta Entidad Tripartita, donde la Ciudad tendrá un 33% de participación.
