Una causa judicial destapó un escándalo por lavado de dinero a través de empresas fantasma contratadas por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) durante la gestión del expresidente Juan Pablo Piccardo.
Según reveló el matutino La Nación, la operatoria consistía en montar licitaciones ficticias -las firmas involucradas en la maniobra competían entre sí- para la limpieza de grafitis en formaciones de las líneas B y D del Subte. Las empresas adjudicadas eran, en realidad, sociedades a nombre de testaferros que facturaban a SBASE con un sobrecosto de un 570% con respecto al valor de mercado de los trabajos.
A raíz de una denuncia de la AFIP por evasión, iniciada en 2017, la Justicia Federal determinó que las empresas Citepa y Varberg realizaron millonarias maniobras de lavado de dinero mediante una sociedad de bolsa. El juez Sebastián Casanello procesó a los involucrados y los embargó, resolución que fue confirmada por la Cámara Federal.
Lo que hasta el momento permanece sin mayores novedades es la investigación por la presunta maniobra de corrupción en SBASE, que tamita por una causa independiente en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. “Llamativamente, está archivada desde 2023 por falta de pruebas”, destacó La Nación.
Según pudo saber enelSubte, entre los funcionarios investigados se encuentran varios jerarcas de la SBASE de los tiempos de Piccardo, eyectado del cargo en 2016 tras múltiples causas judiciales: entre ellos se cuentan la entonces gerenta Corporativa y Comercial e histórica “mano derecha” del entonces titular de la empresa, Verónica López Quesada, y Andrea Rocca, que se desempeñaba en la misma área.
Además, tras allanamientos en SBASE donde se secuestró documentación relativa a la causa, se investiga también a los entonces integrantes del directorio de la empresa, Juan Pablo Piccardo, Enrique Sainz, Guillermo Seefeld, Federico A. Young, Carlos R. Laurito, Alberto Gowland y Gustavo de la Fuente, ya que las resoluciones de aprobación de contrataciones y libramientos de pagos habrían sido autorizadas por los miembros del Directorio. La designación de algunos de ellos, vale recordar, también había estado envuelta en polémicas notables años atrás.
La irrupción pública de este escándalo se suma a la reavivada polémica por otras decisiones de la gestión Piccardo en el Subte.
Tal como reveló este medio, la Ciudad viene gastando más de 700 millones de pesos en el alquiler de galpones al Grupo Clarín para almacenar formaciones CAF 5000 retiradas de la línea B por contener piezas con asbesto. Los coches fueron comprados de segunda mano al Metro de Madrid durante la gestión de Piccardo y pasaron más años fuera de servicio que en funcionamiento.
La compra de estos trenes, así como la de los CAF 6000, fue objeto de múltiples denuncias penales contra Piccardo y entonces directivos de SBASE. El escándalo influyó decisivamente en su salida de la empresa, en 2016, tras una gestión empañada por notables escándalos, que le valieron el apodo de “el Jaime del PRO”.
