La concesionaria Ferrosur Roca, que administra los servicios cargueros de buena parte del Ferrocarril General Roca, solicitó ante la Secretaría de Trabajo la implementación de un procedimiento preventivo de crisis.
De aprobarse, la medida permitiría a la empresa aplicar suspensiones pactadas de trabajadores, reducir horarios de trabajo y tareas e incluso despedir personal con indemnización reducida, previo acuerdo con los sindicatos y las autoridades laborales.
El anuncio generó preocupación entre los empleados, cuyos sindicatos realizaron reuniones y asambleas ante el temor por despidos masivos de personal. “El panorama es complicado”, comentaron fuentes sindicales a medios locales de Olavarría.
Se trata de la segunda vez en que Ferrosur recurre a esta herramienta: en 2020, al inicio de la pandemia de Covid-19, la firma había solicitado una medida similar. En aquel entonces, sin embargo, regía el DNU 329/20, que prohibía los despidos de personal sin justa causa o amparados en la falta o disminución de trabajo.
La decisión de solicitar el procedimiento preventivo de crisis ocurre apenas meses luego de que la empresa obtuviera una nueva prórroga de su contrato de concesión, que está vencido desde 2023, al menos hasta septiembre de este año. Similares prórrogas fueron otorgadas en los meses previos a las cargueras Nuevo Central Argentino (NCA) y Ferroexpreso Pampeano (FEPSA).
La gestión de la empresa, además, viene siendo objetada desde hace años debido a múltiples polémicas: espectaculares descarrilamientos, sospechosas ventas de locomotoras bajo investigación, abandono de ramales entregados en concesión -tal el reciente caso del ramal a Estación Sola, que debió ser desafectado– y hasta insólitos reclamos para que el Estado deje sin efecto normas técnicas de mantenimiento y seguridad de vía y los protocolos para combatir asentamientos e intrusiones en terrenos ferroviarios.
A esto se suma la suspensión del tren de pasajeros entre Buenos Aires y Bahía Blanca, a causa de problemas en la infraestructura del sector que se encuentra bajo control de Ferrosur.
Oficializan el cierre del ramal de cargas a estación Sola, en Barracas
La crisis de Ferrosur expone las debilidades del modelo de gestión privado de los ferrocarriles, que la actual gestión busca extender -autorizada por la “ley Bases”- a los servicios cargueros de las tres líneas cuya operación revirtió al Estado en los últimos años (Belgrano, San Martín y Urquiza, controladas por Trenes Argentinos Cargas) y a los servicios de pasajeros urbanos e interurbanos que opera Trenes Argentinos Operaciones.
En este sentido, la perspectiva de entregar en concesión los servicios actualmente operados por la estatal Trenes Argentinos Cargas -proceso iniciado en febrero pasado-, resulta sencillamente temeraria, en especial porque contempla no solo la operación privada de vías, trenes y talleres, sino hasta la venta del material rodante. Se trata de un esquema aún más extremo que el de las concesiones de los años 90, que dejaría al Estado sin herramientas para dar continuidad a la operación ante la eventual defección de una concesionaria o el incumplimiento de los contratos.
Al margen de este impulso reprivatizador para los servicios bajo control estatal, el Gobierno aún no ha clarificado cuál es su plan para la porción del sistema ferroviario que aún permanece bajo las tres concesiones cargueras, vencidas y múltiples veces prorrogadas.
La normativa vigente -las leyes 26.352, de separación de operación e infraestructura, y 27.132, de Ferrocarriles Argentinos- no permite las concesiones integrales como las que tienen Ferrosur, NCA y FEPSA. Es decir que, al menos en los papeles, continúa vigente el objetivo de implementar un esquema de acceso abierto a la europea, con administración estatal de la infraestructura y libre competencia (pública o privada) en la operación.
El esquema vigente presupone un rol central para el Estado, no solo como administrador del control de la circulación de trenes, sino como el propietario e inversor principal en la construcción y mantenimiento de la infraestructura. Las propias cargueras privadas, de hecho, reconocen que la red no ofrece rentabilidad suficiente para justificar las millonarias inversiones por parte del sector privado.
El Gobierno inicia la privatización de Trenes Argentinos Cargas: venderán hasta el material rodante
