El drástico aumento decretado por el gobierno de Mauricio Macri es el, hasta ahora, último eslabón de una cadena de incrementos. Todos se otorgaron con la excusa de mejorar el servicio, pero la realidad terminó siendo muy diferente.

En los últimos quince años la tarifa del Subte sufrió varios aumentos, todos ellos con la excusa de realizar mejoras en el servicio y de ampliar su alcance a barrios a los que aún no llegaba.  En 1998, se anunció el primero de estos grandes “planes de inversiones”: contemplaba obras por 1400 millones de pesos/dólares.

Dicho paquete iba a ser financiado por una serie de aumentos tarifarios, la mayoría de los cuales se concretaron.  En 1999, el cospel pasó de costar 50 a 60 centavos, mientras que en 2000 registró un nuevo aumento que lo llevó a 70 centavos.  Un tercer aumento estaba pautado para 2001, que incrementaría la tarifa a 75 centavos, pero la feroz crisis económica que se desató ese año obligó al Gobierno de Fernando De la Rúa a detener los incrementos.

Mientras tanto, el Gobierno renegociaba el contrato de concesión con Metrovías.  En los primeros cinco años de gestión privada, informaba el diario Clarín en su edición del 9 de noviembre de 1998, la cantidad de pasajeros se había incrementado de seiscientos mil en 1994 a casi 1,2 millones en 1998.  En dicha renegociación del contrato, llevada a cabo en 1997 por el gobierno de Carlos Menem, se otorgó a Metrovía el mencionado cronograma de aumentos tarifarios y una prolongación del plazo de gestión de 2013 a 2017.  A la vez, Metrovías se comprometió a realizar una serie de obras de mejora en la red entre las que se cuenta la prolongación de la línea E a Retiro, que sería financiada con fondos de la tarifa.

El año 1997 también marca el fin de los subsidios al subte: desde entonces hasta el estallido de la crisis de 2001, la red se administró con los recursos que generaba tal como ocurrió durante la mayor parte de los treinta años de gestión estatal a cargo de Subterráneos de Buenos Aires.  En cambio esta vez la ganancia no se destinó a mejorar el servicio al usuario sino a engrosar la billetera de Metrovías, que se limitó a ejecutar “obras de modernización” que difícilmente puedan catalogarse de dicha manera.  Así los azulejos originales de la línea B y de la estación Facultad de Medicina de la D fueron cubiertos por un revoque símil granito que se llevó también varios murales.  Las galerías de acceso y entrepisos de varias estaciones fueron recubiertos con azulejos grises mientras que se colocó la nueva señalética diseñada por el estudio de Ronald Shakespear.  Sin embargo, es justo decir que se recambió la totalidad de las vías de las líneas B y C y se instaló el nuevo sistema de señales ATP en la E y B.  En cambio, la incorporación de la flota de coches “Nagoya” para reforzar la línea D se hizo con dinero aportado por el Estado nacional, al igual que se ejecutó la compra de los coches Mitsubishi Eidan de la línea B en 1994.

La crisis de 2001 cambió el panorama tarifario del Subte.  Por decisión oficial, se mantuvo la tarifa congelada en $0,70 mientras que se compensaba a Metrovías con crecientes subsidios girados desde la Secretaría de Transporte a simple declaración jurada.  Además, desde agosto de 2002 el Estado tomó a su cargo la realización de las obras comprometidas por la concesionaria en el contrato de concesión.  En ese sentido, en 2006 el presidente Néstor Kirchner licitó la construcción de las tres nuevas estaciones de la línea E, cuyas obras comenzaron a mediados de 2009 a cargo de Benito Roggio, controlante de Metrovías que ahora ejecutaba una de sus antiguas obligaciones pero con fondos públicos.  También se remodelaron la mayoría de las estaciones de la línea A con excepción de Piedras y Lima mientras que se renovaron las vías, línea aérea, instalaciones eléctricas y subestaciones rectificadoras.  En 2004 se prometió la compra de material rodante chino para renovar la flota de la A, promesa reiterada en varias oportunidades pero que hasta ahora no arrojó frutos.

En diciembre de 2007 el ministro de Planificación Julio De Vido dispuso, mediante la resolución 1170/2007, aumentar la tarifa a 90 centavos.  No obstante, los subsidios siguieron creciendo al ritmo que la inflación le imponía a los costos pero nunca con cuentas claras y transparentes.  El 13 de enero de 2008 un nuevo aumento llevó al cospel a los 1,10 que Mauricio Macri acaba de dejar obsoletos, mas no a la promesa de invertir el excedente en la mejora del servicio. ¿Cumplirá?

 

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