La ley 4472 con la que la Legislatura convalidó el retorno del Subte al ámbito de la Ciudad ordenó a la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) la realización de un estudio que permitiera conocer las condiciones de la red, y fundamentalmente, la estructura de costos de la empresa Metrovías. El Gobierno de la Ciudad aumentó el boleto sin esperar el resultado de la auditoría, lo que motivó que el incremento fuera frenado en la Justicia. Recién el pasado 25 de octubre estuvo listo el estudio previsto por la ley, lo que posibilitó finalmente al GCBA llevar el viaje a $3,50.
La Ciudad justificó el aumento del pasaje en la tarifa técnica establecida por SBASE a partir de datos presentados por Metrovías, que supone que descontando subsidios transportar a cada pasajero cuesta a la empresa $7,47. Sin embargo, la misma auditoría que permitió el incremento tarifario pone en cuestión la seriedad del criterio utilizado por la empresa que conduce Juan Pablo Piccardo. Según se puede leer en la página 124 del estudio elaborado por la AGCBA, cabe la posibilidad de que ese número surja directamente de los estados contables de la concesionaria, haciendo que el Estado subsidie por ejemplo la depreciación de material rodante, que no supone ninguna erogación de fondos.
La AGCBA concluye que la tarifa técnica del servicio va de $4,89 a $5,62 según el número de pasajeros que se considere (CNRT o SBASE) y la medición de inflación que se tome (IPC del INDEC o de la Ciudad). Es decir, según la Auditoría la tarifa técnica informada por SBASE estaría inflada en un tercio de su valor, subsidiando con esa diferencia a Metrovías por conceptos ajenos a los previstos en la ley.
Además de esa cuestión, el estudio evalúa a lo largo de sus 430 páginas la calidad del servicio, el estado de cumplimiento de las inversiones comprometidas por Metrovías, la distribución del gasto de la empresa, el estado de estaciones e instalaciones fijas, y las condiciones generales de la flota de trenes de la red. En general, la Auditoría resulta crítica de la gestión de la concesionaria, e indaga en los contratos cruzados entre distintas empresas del Grupo Roggio que hacen complicada la lectura de sus estudios contables.
La publicación de la Auditoría permite plantearse dos cuestiones en relación de la política del Gobierno de la Ciudad hacia el Subte. Uno, la capacidad del propio Estado porteño de realizar un estudio exhaustivo y profesional sin necesidad de pagarle medio millón de dólares a una empresa extranjera para conocer la situación del Subte. Dos, la dependencia de Subterráneos de Buenos Aires de la información que le provee Metrovías. Ambas situaciones llaman a una urgente reconstrucción de la excelencia técnica que supo ser el orgullo de SBASE hasta hace algunos años. De lo contrario, la Ciudad será tan mala operadora como controladora del servicio.
