En el marco del conflicto por el paro del subte, el presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, Fernando Blanco Muiño, presentó una denuncia ante la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Airees, en donde solicita el reestablecimiento del servicio y una “rápida respuesta por parte del GCBA”.
En el texto de la presentación, señala: “la presentación que hemos realizado es una formal denuncia administrativa contra METROVÍAS S.A., con domicilio en Bartolomé Mitre 3342, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en función que la empresa ha incurrido en violación al régimen de defensa del consumidor, en particular, a los artículos 8bis y 19 de la ley 24.240; el artículo 8 bis de la ley de defensa del consumidor fija las nociones de “trato digno” y “prácticas abusivas”. Lo que se pretende es garantizar el trato digno al consumidor, evitando las prácticas comerciales que limiten o nieguen sus derechos. Las circunstancias que diariamente apreciamos como consecuencia de la falta de prestación del servicio por parte de Metrovías SA, colocan a los usuarios en situaciones vergonzantes y mortificantes que no pueden ser toleradas”.
Por otro lado, el legislador Julio Raffo (Proyecto Sur) presentó en la Legislatura un proyecto para que el subterráneo sea de la Ciudad, administrado por el Estado y controlado por sus trabajadores y usuarios. “Mientras ambos gobiernos hacen campaña para 2015, Proyecto Sur da respuesta al conflicto, por lo que propusimos al cuerpo legislativo la expropiación de Metrovías”, aseguró.
Según informó el legislador, el proyecto expropia las acciones del grupo Roggio, “actualmente al frente de la pésima administración de la empresa Metrovías, responsable del subte desde 1993. Esta nefasta concesionaria de un servicio de la Ciudad, que hoy tiene evidentes problemas de falta de inversión y mantenimiento del material rodante, pone en riesgo la vida y la seguridad de los pasajeros”. Además, propone que la transformación de SBASE en una Empresa Pública de Propiedad del Estado con participación de sus trabajadores y de las organizaciones de sus usuarios. “No se puede rescindir el contrato de concesión porque es un contrato entre el Gobierno Nacional y Metrovías hasta 2017”, aclaró. Por eso la estrategia, defendiendo el principio de autonomía de la Ciudad es “declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los derechos y acciones” de Roggio en Metrovías. Hoy Roggio tiene el 90, 66 por ciento de las acciones de Metrovías SA; el resto lo tiene la Anses. El inciso 9 del artículo 80 de la Constitución de la Ciudad faculta a la Legislatura de la Ciudad a calificar de utilidad pública los bienes sujetos a expropiación y para regular la adquisición de bienes”, destacó Raffo.
por NU
