El 17 de julio pasado la AGTSyP difundió un comunicado en el que denunciaba serias irregularidades en la estación Juan Manuel de Rosas, que el gobierno de la Ciudad tenía previsto abrir el 26 de ese mismo mes. Este fue el primer hecho de una serie de acontecimientos que conformaron la más grave crisis del Subte desde que la Ciudad tomó a su cargo el servicio.
Las denuncias de los trabajadores, que se acompañaron con fotografías, fueron remitidas a SBASE y Metrovías, pero ambas las desestimaron. La estatal consideró que las estaciones estaban aptas y señaló que las fotografías no reflejaban el estado de las instalaciones por no ser actuales. El diputado Bodart (MST), haciéndose eco del reclamo, presentó un recurso de amparo que fue rápidamente desestimado por la Justicia, que expidió su rechazo en la tarde del jueves previo a la inauguración.
No obstante, una segunda medida judicial presentada por los Metrodelegados buscó frenar la inauguración. En esta oportunidad, la Justicia resultó menos expeditiva, resolviendo recién el 6 de agosto que las estaciones se encontraban en “aptas condiciones”.
En medio de la negativa de los trabajadores a circular por el nuevo tramo por falta de garantías de seguridad operativa y al filo de la veda electoral, el jefe de gobierno acompañado por funcionarios del GCBA y candidatos del PRO inauguró las estaciones que comenzaron a recibir pasajeros cerca de las cuatro de la tarde del viernes 26, gracias a un esquema operativo que implicaba el relevo de las posturas de conducción con personal jerárquico en la estación Los Incas para cubrir el tramo entre esta estación y la nueva terminal Rosas.
El esquema con personal jerárquico duró apenas tres días: el miércoles 31 la concesionaria decidió cancelarlo alegando “una compleja dinámica operativa”, cortando los servicios en Los Incas. Comenzaban entonces las rondas de negociación en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad entre SBASE, Metrovías y el gremio para acordar un nuevo esquema de trabajo y mejorar las condiciones de seguridad operativa del tramo inaugurado.
Las siete reuniones convocadas fracasaron y el martes 13 de agosto la vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal anunciaba en declaraciones radiales que el gobierno daba por terminado el diálogo y evaluaba sanciones. Esa misma tarde un confuso episodio por la aparición de un “paquete sospechoso” en las vías y una presunta amenaza de bomba ocasionó la interrupción del servicio y fuertes demoras.
La línea colapsó, pero a las pocas horas del hecho el gremio y el gobierno acordaban retomar el servicio hasta Rosas adoptándose un diagrama de trabajo provisorio por 15 días, hasta que se llegase a uno definitivo. El jueves 15 Echeverría y Juan Manuel de Rosas comenzaron finalmente a recibir pasajeros en forma regular.
Pero lejos estuvo de ser un día tranquilo: al mediodía una formación CAF serie 5000 descarriló en la cochera Rosas por una “maniobra indebida” del personal jerárquico a cargo de la operación del tren en esa área. Al día siguiente se produjeron demoras en la línea por “falta de tracción” que derivaron en incidentes en la estación Rosas: pasajeros intentaron golpear a un conductor, volcaron una máquina de autocarga de la tarjeta SUBE y ocasionaron desmanes. La Policía Metropolitana debió desalojar la estación. En la tarde Metrovías aseguró que las demoras de esa mañana fueron por causa de actos de sabotaje que nunca pudieron ser probados.
Pero la línea B nunca volvería a retomar la normalidad: el miércoles 21 un perro que vagaba por los túneles perseguido por una formación sería el causante de las demoras.
El jueves los pasajeros de la línea B tuvieron su día de furia: una nueva falla en el sistema de señales obligó a realizar un servicio limitado entre Alem y Los Incas. Desde el gremio aseguraron a este medio que la falla se debe a la presencia de óxido en los cambios de la estación Rosas, acumulado por la falta de uso de los mismos. El óxido transmitiría corriente, que el sistema de señalización ATP (Automatic Train Protection) interpretaría como la presencia de un tren en esa sección cuando no lo hay.
Pasajeros ocasionaron destrozos en Federico Lacroze
A la hora del regreso los ánimos se caldearon en Los Incas, donde se produjeron disturbios, rotura de cristales e intentos de agresión hacia trabajadores. La Policía Federal debió desplegarse en las boleterías de la estación. Similares momentos de tensión se vivieron cuando una falla en los cambios de ingreso a Los Incas obligaron a cancelar los servicios en Federico Lacroze.
Los Metrodelegados advirtieron que desde que comenzó el conflicto en la línea B, se perciben mayores niveles de violencia y animosidad contra los trabajadores por parte de los usuarios. Varias fuentes sindicales acusaron al macrismo y a medios de comunicación afines al oficialismo local de querer montar una campaña de desprestigio contra el gremio cuyos efectos serían los desmanes ocurridos en la noche de ayer.
La Policía debió proteger a los trabajadores ante el malhumor y la bronca de los pasajeros.
Asimismo, consideran que estas acciones tienen por objeto soslayar un hecho central: que la Ciudad inauguró las estaciones sin que las mismas estuvieran listas, sin terminar de incorporar el material rodante necesario para sostener la frecuencia, sin instalar los equipos de comunicación tierra-tren, sin haber negociado un nuevo esquema de trabajo y sin haber instalado los paragolpes hidráulicos en la cochera-taller.
