La empresa rionegrina, única operadora provincial que sobrevive, busca retener el control del servicio Viedma – Bariloche más allá del vencimiento de su concesión, que ocurrirá en 2023. Sin embargo, la ley no admite una simple continuidad en las condiciones actuales y debería adaptarse al nuevo marco normativo, devolviendo la gestión de la infraestructura a Ferrocarriles Argentinos.