En noviembre del año pasado la Legislatura Porteña autorizó al poder ejecutivo a realizar un llamado a licitación para concesionar el sistema público de bicicletas por un plazo de diez años.
¿La particularidad? El oficialismo entendió que, tal como establece la Constitución de la CABA, la ley debía aprobarse con mayoría especial de dos tercios (40 votos) y en doble lectura. La norma salió aprobada en primera instancia por 41 votos a favor. En marzo próximo se celebrará la audiencia pública, tras la cual el proyecto volverá al recinto.
Muy distinta fue la interpretación del Gobierno en el caso de la concesión del Subte por hasta 15 años: sostuvieron que se estaba concesionando un servicio y no bienes de dominio público, por lo que la mayoría especial y la doble lectura no eran necesarias. La ley salió aprobada por 32 votos a favor y el llamado a licitación pública nacional e internacional se publicó este martes.
Con esta maniobra no sólo se aprobó la ley con ocho menos de los requeridos y se evitó la realización de una audiencia pública y de un segundo tratamiento, sino que también se bloqueó la posibilidad de que se discutiera en el recinto el dictamen de minoría, que preveía que el Estado se hiciera cargo del servicio a través de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), algo previsto en la ley 4472 (artículo 16 inciso i), que sólo requería de mayoría simple.
La interpretación del GCBA ya había sido desafiada por la oposición durante el proceso de debate en comisiones y en el recinto y es cuestionada por constitucionalistas y expertos en derecho.
De hecho, la omisión del proceso requerido por la Constitución local es el principal argumento del recurso de amparo colectivo presentado este miércoles ante la Justicia por una asociación civil, en el que se pide declarar “nula” la ley que autorizó el llamado a licitación.
El propio amparo afirma que “no existe ninguna diferencia [entre ambas]. Son concesiones de un servicio público de transporte que implica constituir además derechos sobre cientos de bienes inmuebles del dominio público de la Ciudad”. “Resulta arbitrario que la Legislatura decida cumplir con la Constitución de la Ciudad en unos casos y en otros no dependiendo los tiempos políticos y si se cuenta con los votos necesarios. Todo esto en detrimento de los derechos de la ciudadanía a ejercer su derecho a participar”, afirman los amparistas.
La contradicción entre la posición tomada por el oficialismo en las concesiones del sistema de bicicletas y el Subte puede explicarse únicamente desde una lógica política: en el caso del Subte al Gobierno no le alcanzaban los votos, porque prácticamente todos los bloques opositores impulsaban la estatización.
