Una comitiva de representantes de Transport for London, entre otras empresas estatales extranjeras, se encuentra inspeccionando el Subte para "conocer en profundidad las condiciones y el estado de la red". Las compañías buscan participar de la licitación para concesionar la operación del Subte y el Premetro hasta 2034, que se encuentra judicializada bajo el argumento de ser inconstitucional.

Una comitiva de representantes del Metro de Londres estuvo visitando el Subte esta semana. Este viernes por la mañana fueron vistos en la estación Congreso de Tucumán, terminal de la línea D.

El objetivo de las “recorridas técnicas” es que “los interesados conozcan en profundidad las condiciones y el estado de la red subterránea”. Habían comenzado días atrás con la visita de unos 50 profesionales de las empresas RATP Dev, Keolis, Alstom, Siemens, Bombardier, Deutsche Bahn, ATP SpA, además de la citada Transport for London, que al igual que varias de las anteriores es una empresa estatal.

Visita al PCO.

Entre los lugares a visitar, informó SBASE, se encuentran el centro de monitoreo de Independencia, el Puesto Central de Operaciones (PCO, estación Moreno), los talleres Polvorín, Mariano Acosta, Rancagua, Urquiza y Nazca, las estaciones Las Heras, Plaza Miserere y Congreso de Tucumán, las obras de extensión de la línea E (que abrirá el año próximo) y de la estación Facultad de Derecho (que se inaugurará en mayo), además del Premetro.

La licitación internacional para concesionar el Subte a un nuevo operador privado hasta 2034 fue lanzada por el Gobierno de la Ciudad el mes pasado. Según fuentes oficiales, el objetivo es que se resuelva en el transcurso del año para que el nuevo operador tome posesión de la red el próximo 1° de enero. Hasta entonces el Subte continuará siendo operado por Metrovías.

Sin embargo, el trámite enfrenta una dilación judicial: el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó un recurso de amparo ante la Justicia pidiendo que se declare nula la ley que autorizó la concesión, ya que su aprobación no habría respetado el procedimiento requerido por la Constitución de la Ciudad, una opinión compartida por varios juristas.

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