Propietarios e inquilinos piden que el gobierno de la Ciudad los escuche por el destino de sus comercios. Desde SBASE afirman que el procedimiento respeta las normas legales.

La extensión de la línea H, que unirá Retiro con Pompeya, no sólo generó polémica en la Recoleta. También llegó al Sur, más precisamente a Pompeya, donde las expropiaciones necesarias para construir la estación cabecera sacudieron a los vecinos.

“Hace 60 años que alquilo este local en donde funciona el negocio. Nadie vino a explicarnos nada. Ni siquiera se acercaron para tasar los lugares y para darnos una solución para que los empleados no queden en la calle. Estamos absolutamente desamparados”, contó Angel Rivas, dueño de la óptica Montecarlo.

Este hombre que todavía no pierde su acento español cuenta con la habilitación original que consiguió su familia de 1943. “Salió la ley de expropiación y nadie pensó en nosotros. Nadie se acerca y a mi cargo hay dos empleados”, agregó.

Andrés González es uno de los empleados que podría quedarse sin trabajo: “Nadie se hace cargo de nada y con mi edad no voy a poder conseguir otro trabajo”.

La ley 238 que aprobó la Legislatura el año pasado declaró de utilidad pública los terrenos para las nuevas estaciones las nuevas estaciones Santa Fe, Córdoba, Sáenz y Pompeya. Los lotes son los ubicados en avenida Pueyrredón 1330-44 y 1352; avenida Santa Fe 2570; avenida Córdoba 2572 y 2602, que serían afectados para la construcción de las estaciones Santa Fe y Córdoba. También están incluidos los predios situados en: avenida Sáenz 760; 806-848; 835; 831 y 821; avenida del Barco Centenera 3584 y 3594 que serían afectados para la construcción de las estaciones Sáenz y Pompeya.

La norma no tuvo en cuenta el destino de los inquilinos. En Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) indicaron que el proceso que está en marcha sigue los pasos legales. Según informó la empresa estatal, se hicieron reuniones con los propietarios, se tasaron los lotes y luego debe comenzar el juicio de expropiación, etapa que está en marcha.

Roberto Martínez, uno de los propietarios indicó al matutino La Nación que nada de eso sucedió: “Nadie vino a hablar con nosotros y las tasaciones las deben haber hecho desde la vereda porque nunca se presentó un tasador”.

El comerciante sostuvo que sólo le llegó una carta documento con el valor que el Banco Ciudad puso al terreno y que sólo se enteró del juicio cuando la semana pasada un abogado patrocinante comenzó a asesorarlo.

“El valor que me ofrecen alcanza el 30% del precio de mercado. Nunca me llegó una carta documento ni siquiera de la utilidad pública del lote. Hoy me entero de que hay una sentencia para desalojarlo”, agregó desesperado.

Con angustia también habla Roxana Shaum, que alquila un local en donde funciona un polirrubro desde hace 30 años. “Tengo dos empleados y no nos dicen nada. Si van a levantar nuevos locales necesitamos saber si vamos poder seguir trabajando. Esto es el fruto de toda una vida y nadie nos escucha ni nos responde”. La misma situación la viven otros comerciantes de esas dos cuadras afectadas por la obra. Los damninificados amenazan con cortar la avenida para hacerse oír.

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