En el marco de la discusión entre Nación y Ciudad por la administración del transporte porteño, el diputado Alfonsín quiere que la Auditoría determine quien debe encargarse de la seguridad y calidad del servicio.

El diputado nacional Ricardo Alfonsín presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita que la Auditoría General de la Nación (AGN) realice un dictamen especial sobre la ejecución del “Contrato de Concesión” del servicio de subterráneos y premetro de la Ciudad de Buenos Aires, fijándole un plazo de 120 días para su presentación al Congreso de la Nación.

“La AGN debe investigar a quienes son responsables de contribuir a brindar seguridad, calidad y accesibilidad al servicio”, explicó Alfonsín.

“También una auditoría permitirá conocer si la asignación de recursos se efectuó con transparencia y si fue eficaz su aplicación, además de si se cumplió con el control y la verificación de la concesión en favor del servicio y del ciudadano transportado, considerando la seguridad, la calidad y la accesibilidad”, comentó el diputado radical.

En el proyecto -que fue acompañado por los diputados Ricardo Gil Lavedra, Manuel Garrido, Graciela Ocaña, y Roy Cortina- Alfonsín pidió que el dictamen especial contenga un detallado informe de lo actuado por Metrovías SA (el Concesionario), la Secretaría de Transporte (la autoridad de aplicación de subsidios), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte – CNRT (el Órgano de fiscalización y control), y la Policía Federal Argentina (el responsable de la seguridad pública).

En los considerandos, Alfonsín explica que “de Metrovías SA, como concesionario del servicio, interesa saber si la operación del servicio se realiza de acuerdo a los reglamentos vigentes; si se observan todas las medidas de seguridad, del material rodante, de la infraestructura, del pasajero y del personal; si se cumple con el cuidado de los bienes afectados; si se realiza al mantenimiento correcto a las instalaciones, máquinas y equipos; si se cumple con el programa de obras; y si se mantienen en vigencia los seguros, garantías y fianzas”.

Con respecto a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), órgano de fiscalización y control, Alfonsín considera importante conocer “si cumple con su deber según estatuto de proteger los derechos del usuario, logrando mayor seguridad, mejor operación y confiabilidad”.

En cuanto a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, autoridad de aplicación de los subsidios, Alfonsín detalla que es importante conocer “si los mismos se asignan con transparencia, si se observan controles a la aplicación de los mismos y si existe un confiable sistema de rendición de cuenta por parte del concesionario beneficiado. Si existen análisis y estudios para implementar un mejor sistema de aplicación”.

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