Obligan a que la red de subte sea accesible para discapacitados

De las 68 estaciones sólo 7 tienen ascensores y hay otros 4 en ejecución. La empresa fue intimada a presentar un plan de obras.

De las 68 estaciones de subte de Buenos Aires, apenas siete son accesibles para discapacitados y otras cuatro están en obra de adecuación. Ahora, la empresa concesionaria, Metrovías, tendrá que ponerse a trabajar para que todas las estaciones de la red tengan ascensores, ya que un fallo judicial firmado la semana pasada la obliga a hacerlo en plazos “razonables”. La jueza federal Liliana Heiland le dio 6 meses para que elabore y obtenga la aprobación de los planes de obra pendientes.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que para la jueza no cumplió con su deber de control, fue “exhortado” en el fallo “a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a Metrovías”.

Así, la Justicia aceptó un planteo de Antonieta Aviani, una abogada de 33 años que se mueve en silla de ruedas. Después de hacer varios reclamos a Metrovías, sin éxito, ella presentó el año pasado una acción de amparo con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles, una ONG dedicada a temas jurídicos e institucionales.

“Tomar taxis no es fácil porque no cualquier taxista está dispuesto a ayudarte, además de que es caro. El subte debería ser el medio más accesible para los discapacitados, porque no hace falta desarmar la silla para subir al vagón”, dijo a Clarín Aviani.

La abogada contó que “durante un tiempo, para ir de Belgrano al Centro, yo tomaba el subte D en la estación Congreso de Tucumán para bajar en Tribunales o Facultad de Medicina, que son las únicas dos del centro que tienen ascensor. Sin embargo, el de Tribunales no funcionaba la mitad de las veces y el de Facultad directamente no andaba nunca. Una vez tuve que llamar a mi marido para que viniera a sacarme de la estación”.

En Metrovías dijeron a este diario que fueron notificados de esta sentencia ayer y que estaban “estudiando los pasos a seguir”.

Cuando el Estado Nacional le otorgó en 1994 la concesión de los subtes, no se incluyó la obligación de adecuar las estaciones para el acceso de discapacitados, aseguraron en la empresa. Ese punto recién fue incluido en 1999, cuando el contrato fue renegociado. Entonces la empresa presentó un plan de obras, que comenzó con la instalación de los ascensores en las estaciones Tribunales y Facultad de Medicina de la línea D.

Sin embargo, luego de la crisis económica de 2001, el Gobierno declaró al año siguiente la emergencia ferroviaria y la gran mayoría de las obras previstas en el sector fueron suspendidas.

Hoy Metrovías tiene en obras de adecuación sólo cuatro estaciones: Catedral, Callao (de la línea D), Uruguay y Callao (línea B). Sin embargo, en la CNRT aseguraron ayer a este diario que la concesionaria asumió la obligación de que antes de fin de año sean accesibles para discapacitados 11 estaciones más: Pellegrini, Alem, Lacroze (línea B), 9 de Julio, Palermo, Olleros (línea D), Diagonal Norte, Independencia, Constitución, Retiro (línea C) e Independencia (línea E). Si no cumple, en el organismo de control dijeron que la empresa será multada.

En la sentencia, la jueza Heiland, del fuero federal en lo Contencioso Administrativo, consideró que Metrovías (como concesionario) y el Estado Nacional (como responsable de controlar al operador) “han incumplido con su obligación de adaptar el servicio público de subterráneos eliminando barreras”.

El fallo se apoyó en tratados internacionales que en la Argentina tienen jerarquía constitucional y en una serie de normas locales que garantizan la integración social de los discapacitados.

Ya en 1981, la ley 22.431 creó un “sistema de protección integral de las personas discapacitadas”, en el cual se estableció que “en toda obra pública (…) deberán preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para discapacitados”.

El decreto reglamentario de esa ley, dictado en 1983, fijó un plazo de 10 años para que las obras ya existentes se adecuaran. Quiere decir que venció en 1993.

Luego se dictó otra ley y otro decreto reglamentario, que en 1997 estableció específicamente que la empresa Metrovías debía iniciar la adecuación de las estaciones de subtes y fijó en 3 años el tiempo máximo de las obras.

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