Roggio denuncia pérdidas por $140 millones. La empresa no descarta dejarle la operación de la red a Macri.

Tras una semana de insistentes versiones acerca de un inminente quiebre de la cadena de pagos de Metrovías, la concesionaria del subte finalmente abonó el sábado los aguinaldos en fecha a sus casi 4 mil empleados y confirmó que esta semana pagará también los sueldos dentro del plazo previsto. Pero la disputa entre la Nación y el gobierno porteño sobre quién lo administrará continúa abierta, y voceros del grupo Roggio -controlante de la concesión- aseguraron a BAE que la situación es “crítica”. Según sus cifras, Metrovías acumula pérdidas por 140 millones de pesos en subsidios en lo que va del año. Por eso no descarta renunciar a la operación de la red y dejarla en manos del gobierno porteño, que hasta ahora se niega a aceptar el traspaso pactado con la Nación en enero.

Las seis líneas del subte y el Premetro porteño permanecen en una nebulosa jurisdiccional. Pese a la reunión que compartieron el 8 de junio último el jefe de gobierno Mauricio Macri, el gobernador bonaerense Daniel Scioli y el entonces flamante ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, las gestiones para el traspaso a la Ciudad no avanzaron ni un centímetro. Cerca de Macri aseguran que el líder de PRO “no va a aceptar nunca” tomar su control sin un compromiso más cuantioso de pago de subsidios por parte de la Casa Rosada, aunque en Metrovías sostienen que otros funcionarios porteños sí coquetean con la idea de quedárselo, para “mostrar gestión” de cara a las elecciones parlamentarias del año que viene.

“Estamos muy preocupados por la situación financiera de la compañía. Es crítica”, comentó a este diario el gerente corporativo de Roggio, Gustavo Pedace. La vocera de Metrovías, Lucila Maldonado, precisó que “en lo que va del año la empresa dejó de percibir $140 millones, entre los subsidios que el gobierno porteño había prometido compensar con el aumento de tarifas y los que la Nación congeló en la cuenta fiduciaria para obras”.

En el acta-acuerdo que firmaron a principios de enero, la Nación se había comprometido a abonar $30 millones mensuales durante todo el año y la Ciudad otro tanto, a fin de compensar las pérdidas operativas del subte. Luego Macri anunció el aumento del boleto de $1,10 a $2,50 y aseguró que con esa diferencia cubriría el monto comprometido. Pero como el colectivo no subió, la cantidad de pasajeros del subterráneo cayó cerca del 20% y la recaudación por pasajes resulta inferior a la prevista. Para peor, la Nación sólo entrega en efectivo $15 millones por mes; la otra mitad va a esa “cuenta fiduciaria para obras” a nombre de la Ciudad, pero que el gobierno porteño se niega a tocar para no aceptar de hecho el traspaso.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, advirtió que a fin de mes deben retomarse las negociaciones paritarias por los salarios, que hasta ahora se postergaron mediante el cobro de sumas fijas mensuales de $900 y $1.200, según la categoría. “Si tenemos que discutir aumentos y la empresa nos dice que no le alcanza para los aguinaldos, no podemos prever otra cosa que un conflicto”, auguró.

Los trenes de la ex TBA, aún sin contrato

A más de un mes de haber tomado el control de los ramales Mitre y Sarmiento del ferrocarril, los concesionarios Metrovías (Roggio) y Ferrovías (Romero) siguen sin haber firmado contrato alguno para hacerse cargo permanentemente de las concesiones que hasta fines de mayo administraba TBA, del grupo Cirigliano. Así lo confirmaron a BAE fuentes oficiales y empresariales. En el Ministerio de Interior y Transporte aseguran que la situación de los ramales “continúa en estudio”, mientras los empleados ferroviarios reclaman que sea el Estado quien maneje sus operaciones.

El quite de concesión a TBA, dispuesto por el Gobierno tras el choque que mató a 51 pasajeros en la estación de Once, sigue sin una solución definitiva. Aunque Metrovías y Ferrovías aceptaron tomar los ramales y comenzaron a cobrar los millonarios subsidios estatales que sostienen el servicio, sus directivos tampoco tienen certezas sobre su cotinuidad. También continúa sin definirse la situación del taller ferroviario EMFER, aún propiedad de Cirigliano, donde aparecieron quemados sus documentos y balances.

por Alejandro Bercovich

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