Metrovías recibió por años cantidades cada vez mayores de subsidios nacionales para mantener el valor de la tarifa. Millones de pesos que se incrementaban año tras año, incluso por encima del nivel inflacionario reconocido por el INDEC y del estimado por consultoras privadas. A cambio, la concesionaria no tuvo prácticamente ningún control. La opacidad en la asignación del recurso fue denunciada por distintos actores y por distintos medios sin lograr cambio alguno en el mecanismo. Se especuló por años con una connivencia entre el Gobierno nacional y el Grupo Roggio, propietario de Metrovías.
Pero algo parece haber cambiado. Con la reestatización del sistema jubilatorio el Estado pasó a poseer más de un 8% de las acciones de Metrovías, que en 2011 usó para designar un director en la compañía. Desde entonces, la actitud del gobierno tuvo un cambio significativo, que algunos atribuyen a la influencia de Axel Kicillof, ahora viceministro de Economía y subinterventor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El representante del Estado cuestionó la política de pago de cánones por parte de Metrovías a distintas empresas del Grupo Roggio, que permitía un encubrimiento de ganancia empresaria a partir de la redirección de subsidios. En lugar de llegar a mejoras en el servicio, el dinero público se convertía en ingresos para Metronec y otras empresas controladas de Roggio. Este mismo esquema fue denunciado recientemente por el legislador porteño de Proyecto Sur Rafael Gentili.
A lo anterior debe sumarse que, en medio de la “sintonía fina”, la Presidenta resolviera en diciembre hacer efectiva la transferencia del control sobre la concesión de las cinco líneas de subterráneos y Premetro a la Ciudad de Buenos Aires. Esta era un reclamo histórico de los sucesivos gobiernos porteños desde De la Rúa y había sido mencionada por Macri en ambas campañas electorales. En 1999 un decreto de Menem dispuso la transferencia de la potestad de fiscalización y control, y en 2000 una ley de la Legislatura porteña adhirió al traspaso, aunque nunca se hizo efectivo. En enero de 2012, un acta acuerdo firmada por representantes de ambos gobiernos parecía resolver el tema. El traspaso era un hecho a pesar de que con el paso de las semanas Macri comenzó a amenazar con “rechazarlo” con la excusa de diferencias sobre el reemplazo del personal de la Policía Federal por agentes de la Metropolitana. Sugerentemente, las menciones a un rechazo fueron aumentando conforme se aproximaba la fecha de negociaciones paritarias.
El gobierno de Macri, finalmente, se valió de la tragedia de Once para responsabilizar al gobierno nacional por el estado general del servicio y rechazó, por medio de una conferencia de prensa, la vigencia del acta acuerdo firmada en enero. Eso, a pesar de que su primer acto había sido subir la tarifa de $1,10 a $2,50, un aumento del 127%, para compensar el porcentaje de subsidio que correspondía ahora aportar al GCBA y no estaba dispuesto a comprometer. Desde entonces el gobierno porteño adjudica toda responsabilidad a la Nación, y reclama inversiones y el traspaso de recursos policiales antes de aceptar la transferencia. Esa problemática lleva a la situación actual, donde la empresa Metrovías supuestamente no puede realizar una oferta salarial a los trabajadores ante la ausencia en las negociaciones del GCBA, que es el controlante de la concesión y quien deberá avalar las condiciones de un acuerdo. Claro que el gobierno de Macri niega ser el controlante, por haber “rechazado” el acta acuerdo y puesto condiciones para aceptarla. Además, presenta ahora el traspaso no como un deseo de la Ciudad Autónoma sino como una imposición del gobierno nacional, parte de un presunto plan para “asfixiar” al Gobierno de la Ciudad. El gobierno nacional tampoco se considera responsable y encuentra una justificación legislativa en la aprobación por el Congreso del traspaso de la jurisdicción sobre la concesión del subte y varias líneas de colectivos.
La situación jurídico-legal, si bien la Justicia aún no ha resuelto la cuestión de fondo, es favorable a la postura del gobierno nacional. También los dos gremios involucrados, la UTA y AGTSyP, reclaman que Macri “se haga cargo”, e incluso Metrovías se ha pronunciado en ese sentido en las últimas horas tras meses de mantenerse como tercero neutral. Aún así, mientras el gobierno de Macri no se haga cargo y el gobierno nacional no decida “quitar” el subte a la Ciudad para tomarlo en sus manos, se extiende una situación de incertidumbre que afecta enormemente a los trabajadores y a los usuarios del servicio.
Pero el planteo de Macri tiene un fallo, que el gobierno nacional parece haber encontrado. La denuncia del accionar de Metrovías hecha por los ministros Tomada y De Vido y por el secretario de Transporte Ramos no es un acto inocente, nunca antes se habían escuchado palabras tan duras hacia la concesionaria. Los funcionarios mencionados dejaron trascender parte del contenido de una carta que les fuera enviada por Metrovías en la que la concesionaria supuestamente amenazó con abandonar el servicio si no se resolvía su compleja situación financiera. Si eso ocurriera, la situación de la red no sería más compleja de lo que es ahora, sino incluso que podría simplificarse enormemente. Resulta que Macri se niega a aceptar el acta acuerdo y considera aquel documento caduco. Pero lo que dispone el decreto de 1999 y ratifica el acta acuerdo no es la transferencia de la red de subterráneos, que siempre fue propiedad de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), empresa del Gobierno de la Ciudad. Lo que dispone es, precisamente, la potestad de control sobre la concesión a Metrovías, que es de carácter nacional porque así lo habilitó un acuerdo entre la entonces MCBA y el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (MEyOSP) de Menem. De acuerdo al contrato de concesión suscrito entre Metrovías y las autoridades nacionales en 1993, en caso de que el contrato finalizara y no se prorrogare o bien este fuere rescindido por alguna de las dos partes, la operación de la red recaería automáticamente a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado. SBASE es, desde 1979, propiedad en su totalidad de la Ciudad de Buenos Aires luego de que su paquete accionario fuera transferido de la órbita nacional durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. La empresa estatal es, a su vez, la dueña de todos los activos de la red (túneles, estaciones, talleres y el material rodante) y la que se haría cargo de la estructura actualmente gerenciada por Metrovías.
Como dijo con otra intención Juan Pablo Piccardo, presidente de SBASE, lo que liga al gobierno nacional al Subte es la concesión. En otras palabras, toda esta discusión es innecesaria si cae la concesión a Metrovías. Los dichos de los funcionarios nacionales y la actitud del director por el Estado dejan entrever que una decisión así no resultaría descabellada. Si se rescinde la concesión con Metrovías, el decreto de 1999, la ley municipal de 2000, el acta acuerdo de enero y la ley nacional de 2012 serán abstractas, innecesarias, porque el gobierno nacional ya no tendrá ninguna vinculación con el Subte.
Es válido preguntarse por qué el gobierno nacional no optó por rescindir el contrato con Metrovías en un primer momento. Quizás para respetar el orden legal heredado del decreto de 1999. Quizás para intentar una transición ordenada. Quizás porque sencillamente no se planteaba la salida de Metrovías, o no la deseaba. Ahora, ante una situación estancada en la transferencia, un Gobierno de la Ciudad que se declara ajeno y denuncias variadas contra la concesionaria, la rescisión del contrato con Metrovías aparece como una resolución inapelable. A esa conclusión pareció haber llegado también Aldo Roggio, presidente del holding controlante de Metrovías, quien se hizo presente en el ministerio de Trabajo en la noche del miércoles mientras se intentaban frenéticas reuniones para destrabar el conflicto sindical. No es común que alguien de la posición de Roggio, con tantas empresas a su cargo, concurra personalmente a una negociación paritaria si no fuese porque la situación de Metrovías podría perjudicar seriamente su relación con el Estado. Tal como dijo el ministro De Vido en la conferencia del miércoles, Roggio “ha firmado contratos de obra pública con el Estado por 8 mil millones de pesos, de los cuales tiene ejecutados 4.300, lo que lo constituye en el principal contratista de obra pública”.
La devolución total del Subte sin Metrovías, que para cualquier otro Gobierno de la Ciudad podría haber sido deseada e ideal, por darle total libertad en el manejo del servicio, puede ser el peor escenario para Macri. El jefe de Gobierno intentó por todos los medios evadir su responsabilidad y capitalizar el tema a partir de la tragedia de Once y una postura de permanente victimización. Un “bargaining” mal entendido que pudo haber resultado redituable políticamente en el corto plazo pero era ciertamente insostenible en el tiempo. Un cortoplacismo que hizo que el Gobierno de la Ciudad en ningún momento pareciera anoticiarse de que, si el gobierno nacional deja caer a Metrovías (motivos, se sabe, sobran), no hay nada que discutir.
Ahora, de un momento para otro no habría condiciones ni negociación posibles con el gobierno nacional, porque al salir Metrovías sencillamente se devuelve a la Ciudad lo que siempre fue de la Ciudad. Tal como fue desde 1979, cuando se transfiere SBASE a la Municipalidad, hasta la privatización de 1994. A no ser, claro, que Macri desdiga su discurso autonomista y piense en devolver el Subte “completo” a la Nación con tal de evadir su responsabilidad, retrotrayendo la situación 33 años. De repente el GCBA tendría en cambio que mover los trenes, hacerse responsable de la seguridad, encarar inversiones, establecer una política tarifaría seria sin que exista motivo para que el Subte tenga subsidios nacionales, como no los tuvo hasta 1994. Todas cosas que el jefe de Gobierno no se ha mostrado dispuesto a hacer. Quizás más aterrador para Macri, negociar con los trabajadores, que por la ausencia del GCBA en las negociaciones aún no han acordado un incremento salarial con la concesionaria.
Una salida de Metrovías de la concesión del Subte podría beneficiar en buena medida tanto al gobierno nacional como al Grupo Roggio, mas no obviamente al Ejecutivo porteño. En cuanto al primero porque se quitará de encima toda responsabilidad política y legal originada por el subte, incluyendo el aspecto laboral, de inversión, de operación y de control, desligando además al gobierno del malhumor social que generan los frecuentes conflictos gremiales en un electorado ya de por sí adverso como es el capitalino. Con la operación automáticamente transferida a SBASE, estos problemas recaerían directamente sobre Mauricio Macri. En lo que respecta al grupo Roggio, la desaparición de Metrovías podría licuar las recientes denuncias que formuló la ANSeS en contra de la concesionaria ante la Comisión Nacional de Valores.
La situación, desde luego, no es la ideal. Tras más de cuatro años de gobierno y meses de dar un triste espectáculo sobre el traspaso pocos creen que el transporte público, y el subte en particular, sean de interés de Mauricio Macri. Sin embargo, la posibilidad de que deba hacerse cargo del Subte, no sólo de la concesión, está a la vuelta de la esquina. Y entonces deberá hacerse cargo o apagar la luz y cerrar las estaciones.
