Legisladores de la oposición elevaron un pedido de informes sobre las inspecciones y la auditoría realizadas por SBASE, y exigen explicaciones sobre los "actos administrativos que evidencian contradicciones" en relación al traspaso aún rechazado por el jefe de gobierno.

Mientras el Gobierno porteño insiste en rechazar la transferencia del subte que pactó con el Ejecutivo nacional a principios de enero, la empresa pública de su jurisdicción que figura como dueña de los túneles efectuó varias inspecciones para evaluar la calidad del servicio y hasta multó a Metrovías por algunos de los incumplimientos que constató. Se trata de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), que preside Juan Pablo Piccardo y que realizó sus últimas auditorías in situ el 28 de junio pasado. Con ese antecedente, un grupo de diputados porteños de la oposición impulsa un nuevo pedido de informes al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, para que explique en base a qué facultades las realizó.

Las inspecciones que ordenó Piccardo fueron en las estaciones Uruguay y Callao de la Línea B. Así consta en un acta de la propia SBASE fechada el 2 de julio último, donde quedó plasmado el hallazgo de tableros abiertos, puntas de andenes sucias, ascensores y baños fuera de servicio, filtraciones de agua y señalizaciones faltantes y defectuosas.

El pedido de informes, impulsado por la legisladora Claudia Neira (Buenos Aires para Todos) y al que sumarían su aval el kirchnerismo, Proyecto Sur y otras fuerzas de la oposición al macrismo, destaca que las inspecciones se fundaron en “el acta acuerdo de transferencia de los servicios de transporte de subterráneos y Premetro del 3 de enero de 2012, actualmente regidos por los contratos de concesión”, así como en decretos y leyes nacionales y de la Legislatura. Los diputados preguntan en el texto si eso “implica por parte de la misma la operativización del acta-acuerdo” que Macri insiste en repudiar públicamente.

El proyecto también exige que el Ejecutivo metropolitano “informe cada una de las inspecciones realizadas en las diferentes líneas de subterráneos, fecha de realización de las mismas y funcionarios encargados de dichas inspecciones”. Además, le reclama que remita “copia de las evaluaciones y registros efectuados”, que hasta ahora se mantienen en secreto.

Las auditorías que ordenó Piccardo y cuyos reportes quedaron a cargo del gerente de control de la concesión de SBASE, Miguel Ditamo, ocurrieron antes del paro de los metrodelegados que sacudió a la Ciudad durante diez días. Por eso los diputados sostienen que les “llama poderosamente la atención” que se hayan realizado y piden a la gestión PRO que “responda respecto de estos actos administrativos que ponen en evidencia las mencionadas contradicciones”.

Otro miembro de la oposición no kirchnerista de la Legislatura, Rafael Gentili (Proyecto Sur), presentó varios informes durante este año sobre los negocios colaterales del Grupo Roggio (dueño de Metrovías) con el subte. Allí estimó que el holding obtiene ingresos adicionales a los que declara la concesionaria por unos $100 millones al año gracias al alquiler de locales, venta de publicidades y uso de los túneles para el tendido de cables, entre otros emprendimientos. La empresa niega que se trate de ese monto, pero admite la existencia de esas actividades “vinculadas” a la concesión.

Neira y los diputados que impulsan el pedido de informes también apuntan al uso de los subsidios que depositó la Nación y que la Ciudad se niega a utilizar para no aceptar la transferencia. “Con relación a las sumas depositadas por el Poder Ejecutivo nacional en virtud del punto 3 del acta-acuerdo, resulta indispensable dilucidar los motivos por los cuales no se percibieron estos montos de dinero, dado que en otros hechos, como los ya referenciados, no se dudó en ejecutar los efectos del mencionado convenio”, reza el proyecto.

Los diputados recordaron la resolución judicial que ordenó al Ejecutivo local “retirar las siete cuotas depositadas ($210 millones), a efectos de garantizar el mantenimiento de los subterráneos, restablecer las veinte formaciones retiradas oportunamente por la concesionaria y responder a las paritarias”. Así sumaron su exigencia a la que ya surgió de Tribunales.

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