La legisladora solicita a la jueza original de la causa, Patricia López Vergara, que revoque lo dispuesto por la jueza Lago. El escrito apunta a garantizar el servicio, el interés de los comerciantes y la preservación de los Brugeoise.

La legisladora porteña del Frente para la Victoria María José Lubertino presentó este mediodía un  recurso de revocatoria, ante la jueza de turno y originaria de la causa, la Dra. Patricia López Vergara, ante el rechazo previo de la jueza Lidia Lago.

“Confiamos en que se revierta la decisión de la jueza Lago que sólo se atuvo a la formalidad de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se hizo cargo de subte, cuándo en realidad mi planteo principal del amparo del año pasado es la protección de los/as usuarios/as en la continuidad del servicio y que Macri se hiciera cargo era condición necesaria pero no suficiente”, dijo Lubertino.

La presentación busca que el gobierno porteño garantizara la continuidad del servicio y el derecho a la movilidad de los/as porteños/as. De allí deriva la obligación del GCBA de hacerse cargo y asumir la defensa de esos derechos, y a ese sólo efecto, tal como quedará manifestado en todo momento a lo largo de este proceso. A su vez, que proteja el patrimonio histórico y que los/as comerciantes reciban una compensación por el perjuicio económico.

“No puedo dejar de poner de manifiesto que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al tomar control de la red de subterráneos, no puede hacerlo de cualquier manera.  De hecho hubiera sido una redundancia destacar en el escrito inicial que el GCBA cumpla con sus obligaciones sin violar ningún artículo de la Constitución, esto a todas luces hubiera resultando redundante e improcedente, pero sin embargo el Ejecutivo sigue sorprendiendo,  y la primera medida que toma implica en una sola acción perjudicar a los/as usuarios, a los/as trabajadores, a los/as comerciantes y dar por tierra abruptamente con el funcionamiento de los comboys que actualmente se utilizan”.

“Los habitantes de la Ciudad tenemos derecho al más elevado acceso a las más modernas tecnologías y avances científicos, y simultáneamente a nuestros derechos a la movilidad, al trabajo y al patrimonio.  Suponiendo que el objeto de las obras sea lo primero, debe buscarse la forma de garantizarlo sin entrar en colisión con los otros derechos en juego. El Ejecutivo debe buscar la forma de cumplir con un derecho sin cercenar los otros o de compatibilizarlos,  no es necesario optar o establecer una jerarquía si es posible armonizarlos”. Cierra el escrito.

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